Los autores de la ópera de Sídney y la T-4, en la prolongación de la Castellana

La antes llamada Operación Chamartín ha cambiado hasta el nombre: ahora se la conoce como Distrito Castellana Norte, y pretende construir un pedazo de ciudad a la vanguardia sobre más de tres millones de metros cuadrados de suelo. Habrá viviendas, zonas comerciales y una nueva zona de negocios, además de grandes espacios verdes y un corredor que comunique directamente la gran urbe con la naturaleza.

Junto a lo que supondrá como recuperación de una zona degradada de la ciudad, y de «costura» entre barrios situados al este y al oeste de las vías del tren y separados irremediablemente por éstas, la operación va a suponerle a las administraciones públicas que participan en ella –en los tres niveles: central, regional y local– unos ingresos fiscales calculados en 3.363,6 millones de euros , tanto por IBI como por plusvalías, impuesto de construcciones y obras y otros tributos. En total, la cifra supone algo más del 2 por ciento del PIB regional.

La iniciativa público-privada –con capital de BBVA y de la empresa San José– va a permitir que la Castellana crezca a lo largo de 3,7 kilómetros hacia el norte. Los espacios no serán de uso exclusivo, sino mixtos: habrá usos residenciales, de oficinas y terciarios, mezclados para evitar la segregación de funciones y racionalizar los costes de los servicios públicos. También va a haber un foco de potencial tecnológico, que reúna a empresas dedicadas al I+D.

El modelo es el del Canary Wharf de Londres –un antiguo puerto reconvertido en gran complejo de negocios, donde se encuentran los tres edificios más altos del Reino Unido–, o de La Défense de París –un moderno barrio de negocios, prolongación del eje histórico que va del Louvre a los Campos Elíseos–. Distrito Castellana Norte, calculan sus responsables, generará 121.000 puestos de trabajo, a una media de 6.000 puestos de trabajo por ejercicio, a lo largo de los próximos 20 años, y supondrá «un motor de cambio» para la ciudad.

El proyecto se va a realizar por fases, comenzando a finales de este año o inicios del próximo –si se cumplen las previsiones de sus promotores–. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ya ha iniciado la tramitación administrativa para autorizar los trabajos, cuyo plan parcial está ahora mismo en fase de información pública. A partir de ahí, el desarrollo irá avanzando en función de las demandas del mercado, adaptándose a las circunstancias. Cada fase del proyecto será independiente de la siguiente, pero a la vez, la realimentará y fortalecerá: se basa para ello en los estudios efectuados por las consultoras contratadas para analizar las previsiones.

La idea es ir poniendo en el mercado los metros cuadrados edificables de forma paulatina, de manera que el mercado vaya absorbiéndolo de forma natural. La superficie sobre la que es posible construir no se agota: hay una parte que se va a quedar sin desarrollar, precisamente para actuar como «colchón» y proteger el límite norte del ámbito que coincide con el Parque Regional de la Cuenca del Manzanares.

Del total del suelo, el socio privado, Distrito Castellana Norte, tiene 1,9 millones de metros cuadrados, el 61,6 por ciento del total. El Ministerio de Fomento es dueño de 104.000 metros, un 3,3 por ciento, y la Comunidad de Madrid posee 51.500 metros, el 1,7 por ciento. El ayuntamiento es propietario de 166.000 metros, el 5,3 por ciento del total de la superficie, y Renfe (o más concretamente, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias) es dueña de 44.400 metros cuadrados, el 1,4 por ciento. El Canal de Isabel II posee 118.000 metros cuadrados (el 3,8 por ciento), la EMT es dueña de 153.000 metros cuadrados de superficie (el 4,9 por ciento, en las famosas cocheras de autobuses), y otros titulares cuentan con 550.000 metros cuadrados (que suponen el 17,9 por ciento).

La sostenibilidad, insisten sus responsables, es una de las bazas del proyecto, que no sólo incluye un 54,8 por ciento del suelo destinado a equipamientos sociales, servicios urbanos y zonas verdes,