Gómez ocultó el sobrecoste del tranvía de Parla al Consorcio de Transportes

Sin embargo, tal y como ha podido comprobar ABC , Gómez ocultó el sobrecoste al organismo regional al que señala ahora como responsable. De hecho, en una carta remitida en marzo de 2007 a Wilfredo Jurado -el entonces concejal de Urbanismo de Parla y actual abogado del PSM-, el Consorcio regional expresaba que había habido por parte del consistorio parleño una «continua omisión del procedimiento en su relación con su obligación de informar». Concretamente, Gómez decidió al margen de este órgano aprobar el 22 de diciembre de 2006, en un junta de Gobierno, 36 millones de euros extra para su polémico proyecto -inicialmente proyectado en 103 millones-. Una reunión municipal de la que, como ya informó ABC, se ausentó estratégicamente para responsabilizar a José María Fraile -su número dos en Parla a quien cedió la alcaldía en 2008 e imputado en la Púnica - de su aprobación.

Sin embargo, al líder del PSM no le cuadran las fechas con sus argumentos para eludir su responsabilidad. María Dolores de Cospedal, a quien culpa directamente, dejó de ser consejera de Transportes en junio de 2006, es decir, medio año antes de que Tomás Gómez encargara dicha junta de Gobierno en la que aprobó el sobrecoste. Obras adicionales que fueron comunicadas al consorcio en enero de 2007, como explica la carta a la que ha tenido acceso ABC. Unas modificaciones que conoció el Consorcio una vez ejecutadas y a solo tres meses de la inauguración.

Un sobrecoste del 40% que Gómez, aún como alcalde, autorizó «unilateralmente» a espaldas del Consorcio y al margen de la adjudicación inicial de las obras a mediados de 2005. Del presupuesto inicial -que sí adjudicó ese organismo de Transportes que, en esa fecha, si que dirigía Cospedal-, «no hay ninguna duda ni sospecha» según el PP en Parla. Un partido en la oposición que denunció a Gómez en 2013 por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en la construcción del polémico tranvía.

Pero, las «irregularidades» de Tomás Gómez no acaban ahí. La misiva en la que el Consorcio Regional de Transportes solicitó al Ayuntamiento toda la documentación relativa al sobrecoste -en concreto la modificación del contrato de concesión de la Línea 1; la aprobación de proyectos parciales de construcción (las obras extras encargadas por Gómez); y la aprobación de los precios finales reconocidos- asegura que se realizaron «numerosas modificaciones» del proyecto sin «seguir los procedimientos adecuados».

Irregularidades que el Consorcio dice que reflejó incluso la Secretaría General del Ayuntamiento en un informe en el que mantiene que, como «órgano de contratación» del tranvía, la decisión debía haber pasado por manos del organismo regional de Transportes. «En algunos de los proyectos modificados la relación funcional de los mismos con el objeto principal del contrato de concesión es dudosa, la no licitación de estos de acuerdo a los principios de libre concurrencia no estaría en ningún caso amparada por [...] la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», explicaba en la carta. Y advirtió que el Consorcio Regional de Transportes «ni está ni se considera vinculado» por los actos llevados a cabo por Parla al respecto.