El TSJM obliga al Ayuntamiento de Parla a pagar íntegra la deuda del tranvía

La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, es clara y definitiva. No cabe recurso. Desestima la intención de la mercantil Tranvía de Parla S. A. de que el Consorcio Regional de Transportes abone 50 millones de lo impagado, ni total ni parcialmente. Los jueces consideran que no le corresponde al organismo de la Comunidad poner ni un euro, pues la titularidad de ese transporte y de las obras que de él se derivan son sólo cuestión de las arcas municipales parleñas, literalmente esquilmadas. Es, de hecho, el Ayuntamiento español con mayor deuda per cápita. Debe más de 600 millones de euros; es decir, 2.941 euros por cada uno de sus 130.000 habitantes.

La Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma en el fallo que la responsabilidad de la deuda del tranvía corresponde exclusivamente al Ayuntamiento. La base principal para la decisión judicial es el propio contrato firmado en agosto de 2005 por el entonces alcalde, Tomás Gómez.

El ahora secretario general de los socialistas madrileños se empecinó entonces en que el Consistorio cargase con todo el coste de la inversión, pese a las advertencias de lo que podría ocurrir y que, finalmente, ha ocurrido.

Uno de los capítulos más espinosos se vivió en noviembre de 2011, cuando el tranvía tuvo que dejar de dar servicio durante dos días por los impagos a la empresa que lo gestiona y a sus trabajadores. Entonces, Tomás Gómez contestó que la concesionaria había puesto una reclamación judicial para que la Comunidad de Madrid pagara 50 millones de euros de lo que se debía y que esa reclamación había sido admitida a trámite.

Pero los tribunales no le han dado la razón. Ya el pasado diciembre, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 lo indicaba así. Ahora, tras un recurso de apelación de la empresa, el TSJM tumba definitivamente las pretensiones de Gómez y Fraile: «Es claro», recalca la Sección Tercera, que no le corresponde al Consorcio asumir esa responsabilidad. El moroso es el Ayuntamiento.

Lo que dice la justicia es que el Consorcio de Transportes no es titular de las obras ni tampoco puede exigir responsabilidad solidaria compartida con el Consistorio parleño, como demandaba la empresa adjudicataria. La deuda total del transporte es de 200 millones.

Se basa el TSJM en que la titularidad de la infraestructura es del Gobierno local. La Comunidad sólo recibió una encomienda de gestión para que tramitara y resolviera el expediente de concesión, «conservando el Ayuntamiento la titularidad». Así lo acordó el pleno y así lo ratificó Gómez en el convenio regulador de las condiciones de financiación de los gastos de explotación: «En ningún caso el Consorcio pagará las inversiones de las obras, de las instalaciones o de la primera adquisición de materia móvil». Es más, el tribunal reconoce que, si fuera de manera contraria como se actuara con todas las encomiendas, el Consorcio sería un organismo totalmente inviable desde el punto de vista económico.