El alcalde de Fuenlabrada, imputado por un presunto delito de prevaricación

Según un auto fechado el 6 de noviembre de 2014, Robles deberá declarar en calidad de imputado por estos hechos el 13 de enero de 2015 junto al director de servicios jurídicos del departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Ángel Gil Blázquez.

De acuerdo con fuentes cercanas al demandante, Ricardo de Montes Power, este fue apartado de su cargo original –Coordinador de personal– y «defenestrado» a un puesto «sin funciones», lo que le provocó un serio agravamiento de sus problemas de salud, ya que padece una enfermedad coronaria por la que tuvo que ser operado.

El auto expone que el alcalde de Fuenlabrada desobedeció un auto de 20 de noviembre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid y llegó a inadmitir una solicitud de adaptación del funcionario a su nuevo puesto de trabajo «compatible con su estado de salud y la incapacidad que le fue reconocida».

A raíz de este incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Ricardo de Montes presentó una querella en diciembre de 2013 que fue admitida a trámite y por la que el alcalde de Fuenlabrada tuvo que declarar, como querellado, en febrero de este año.

Ahora, el auto conocido hoy imputa al alcalde presuntos delitos contra la integridad moral, prevaricación y de lesiones por una «actitud hostil» hacia un letrado consistorial. Según fuentes cercanas al demandante, Ricardo de Montes se negó a aprobar el nuevo organigrama de directores generales del Ayuntamiento cuando Fuenlabrada empezó a regirse por la Ley de Grandes Ciudades al considerar que «no se ajustaba a la Ley».

«A partir de aquí empezaron las presiones y las hostilidades por parte de sus superiores. Le pusieron una cámara para espiarlo, le trasladaron, le quitaron todas sus funciones y le pusieron como administrativo sin competencias. Esta situación le provocó un empeoramiento de sus problemas de salud», sostienen estas fuentes.

Posteriormente, de acuerdo con las mismas fuentes, un tribunal médico reconoció a Ricardo de Montes una discapacidad del 55 %, por lo que solicitó al Ayuntamiento un nuevo puesto. «Sin embargo, el Ayuntamiento no sólo no se lo dio, sino que le destituyeron como coordinador de Personal y le quitaron la condición de funcionario, algo que era la primera vez que ocurría en la historia del Ayuntamiento», han apostillado.

El auto del Juzgado de Instrucción añade que si llegara a probarse que existe relación causal entre las graves dolencias del querellante, algunas de ellas anteriores a estos hechos, y su incapacidad final, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de lesiones.