La Comunidad aprueba por fin la reordenación urbanística de La Cañada

Las alegaciones más importantes, y que han sido aceptadas, recogen la supresión de la figura del consorcio que se iba a crear entre las administraciones regional, local y nacional a través de la Delegación del Gobierno para gestionar la transformación y legalización de las viviendas de la vía pecuaria, informa Ep.

La nueva Ley de Administración local prohíbe a los ayuntamientos endeudados por encima de ciertas cantidades participar en este tipo de consorcios, por lo que ahora se creará otro tipo de organismo encargado de las mismas tareas.

Una vez reciba el visto bueno de la Comunidad de Madrid, en el mes de mayo se firmará dicho acuerdo entre el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, y los alcaldes de los tres municipios por los que transita la Cañada Real.

La duda ahora es conocer si participará en dicha firma Rivas, ya que tan sólo hace dos meses la paralizó porque, en palabras de su concejal de Urbanismo, Fausto Fernández, «no quería consolidar zonas de exclusión» y, a su juicio, el plan «carece de recursos sociales y económicos extraordinarios» para solucionar la problemática que sufre el lugar.

La Asamblea de Madrid aprobó hace tres años la Ley de la Cañada Real Galiana, que eliminaba la condición de dominio público del suelo y desafectaba el terreno, dando un plazo de dos años para que las diferentes partes llegaran a un acuerdo ya que, después, el Ejecutivo autonómico podría decidir lo que considerara oportuno.

En el apartado de seguridad todos los implicados se pusieron ya de acuerdo. El objetivo general es establecer instrumentos, canales de comunicación y estrategias de actuación conjunta para prevenir la delincuencia, el tráfico de drogas y el estigma de la marginalidad, que sobre todo opera en el sector VI.

El convenio, que llega con retraso, dará un trato distinto a ValdemíngomezEn materia urbanística, el objetivo es «consolidar el mayor número de residentes y viviendas, donde resulte compatible el uso residencial, integrando urbanísticamente las distintas zonas de la Cañada en aras a la normalización urbanística y social» con un modelo similar para todos los sectores, según el convenio marco redactado el verano pasado. Sólo tendrán derecho aquellas personas que estén en los censos que realizaron los Ayuntamientos de sus distintos sectores.

El sexto, el de Valdemingómez, dado su complejidad, y debido a la necesidad de actuar primero socialmente, «llevará un proceso diferenciado y más prolongado en el tiempo, en el que se actuará con aquellos mecanismos establecidos por el IRIS en el marco de la vivienda» El objetivo es establecer un parque tecnológico, empresarial e industrial.

El acuerdo también fijaba la creación de un consorcio, «antes de 2014», con todas las competencias necesarias para acometer la actuación en su conjunto, desde el proceso de urbanización hasta el realojo de las familias que no puedan quedarse en la zona. El onsorcio será el beneficiario de los derechos económicos que se generen en el desarrollo urbanístico.

Ahora, tras las alegaciones y la imposibilidad de crearse dicho consorcio por cuestiones legales, será otro organismo que se creará en breve en el que se encargue de las mismas funciones.

El modelo urbanístico no cambia y se desarrollará «preferentemente con viviendas unifamiliares que no superen las dos plantas y con calles de coexistencias, donde se mantengan las alienaciones en la medida de lo posible». En el apartado de Vivienda, el objetivo es «buscar el acceso a la propiedad del mayor número de residentes de la Cañada Real, integrando urbanísticamente las zonas cuyas circunstancias lo permitan, en aras a la normalización de aquellas situaciones que social y urbanísticamente lo aconsejen». Sólo podrán acceder al suelo los censados.