Botella pide a Soria exenciones y primas para la energía que produce la ciudad

Las medidas que piden son dos: por un lado, solicita la exención de todas las medidas regulatorias, tanto fiscales como retributivas, aprobadas desde 2012 para los servicios públicos que gestionan y tratan residuos y lodos de depuración. Estas medidas gravaban esta actividad.

En segundo lugar, Botella pide a Soria que las instalaciones que prestan estos servicios públicos desde antes de 2008 cobren las retribuciones a la inversión y a la operación, las «primas» cuya retirada aparece en los borradores tanto del real decreto del régimen especial como de la orden ministerial sobre parámetros retributivos de estas instalaciones.

La alcaldesa madrileña comparte «plenamente» la necesidad de acometer reformas legales en el sector eléctrico que «garanticen su sostenibilidad financiera a largo plazo», pero insiste en que el tratamiento de residuos es una actividad crucial en ciudades como Madrid, y que se sostiene económicamente en parte gracias a los incentivos al régimen especial. Por eso, insiste Botella, las medidas fiscales y regulatorias impulsadas desde 2012 -fin de las primas e incremento de tasas- están provocando «un gran perjuicio económico» a todas las administraciones que como Madrid, convierten la basura en energía.

No sólo complica, en el caso de Madrid, los objetivos economicos de la ciudad, provocando «desajustes» sino que además será «especialmente preocupante» para el medioambiente si los ayuntamientos tienen que renunciar a estas actividades.

Recuerda la alcaldesa a Soria que las políticas de tratamiento de residuos en Madrid no son testimoniales, sino que constituyen actuaciones «de las más avanzadas de España». El Ayuntamiento de Madrid tiene en marcha, en el parque tecnológico de Valdemingómez , dos plantas de biometanización de residuos, una de produccón de biometano, una incineradora, una instalación de producción de energía eléctrica a partir del biogás del vertedero y dos plantas de secado térmico de lodos. Sólo esta última ha costado 300 millones de euros en inversión, y su explotación requiere un gasto corriente anual de 35 millones de euros.