Irregularidades, transacciones opacas y agujeros en las universidades públicas de Madrid

Durante su comparecencia en la Cámara Baja, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda , alertó de que cuatro de ellas — Complutense, Alcalá, Carlos III y la Autónoma — gastaron más de 3,1 millones de euros en planes de jubilaciones voluntarias que «carecían de suficiente soporte legal».

El informe destaca que «suscita serias dudas desde la óptica de la legalidad vigente » el hecho de que las universidades públicas establezcan estos programas de jubilaciones para su plantilla.

En este sentido, el Tribunal asegura que esta decisión es competencia de «el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los consejos sociales». «En ningún caso aparece esta competencia en materia de retribuciones reservada a los consejos de gobierno de las universidades, que son quienes han venido adoptando los acuerdos que establecen planes de jubilaciones».

La UCM, en el ojo del huracán

El informe apostilla que todo ello se ha hecho «sin perder de vista que de la composición de los consejos de gobierno forman parte personas directa o indirectamente interesadas en las medidas acordadas », denuncia. Tal es así, que el gasto en esta partida se disparó a 1.402.712 euros, entre 2008 y 2009, en la Universidad Complutense ; y, a 1.386.607 euros en la Autónoma. En total, se acogieron a estos planes —entre 2007 y 2009— 283 trabajadores.

Además, las universidades madrileñas incluyen no sólo al personal docente e investigador contratado, sino también al personal no docente (PAS). El informe recalca que en este caso «los problemas de encaje legal se acrecientan» al sumarse estos beneficiarios de los planes «a través de un convenio colectivo suscrito por los sindicatos y rectores». Tanto es así —dice este tribunal—, que en algunas universidades han llegado a reconocer en sus acuerdos el «impedimento legal al respecto».

El estudio, al que ha tenido acceso ABC , se fija especialmente en la gestión de los presupuestos de la Universidad Complutense . Sobre todo se centra en los gastos correspondientes a su Fundación General. Una institución financiada mayoritariamente con fondos públicos y donaciones privadas que tiene por objetivo «la investigación, la formación y la transferencia del conocimiento». El Tribunal sospecha «irregularidades» en la ejecución de sus proyectos de investigación.

Falta documentación

De su análisis se extraen «importantes deficiencias» en «la correcta aplicación» de los fondos públicos que financian dichos proyectos, denuncia. El documento concluye que esas transacciones económicas son «opacas». En el caso de la Universidad Carlos III , el Tribunal echa de menos la «documentación justificativa de los gastos de inversión». «No es posible acreditar la razonabilidad del gasto y del importe abonado», exponen sobre dicha universidad madrileña. Sus consejeros llegan incluso a dudar de si ese gasto «corresponde efectivamente a la Universidad».

mil contratos realizados por la Universidad Politécnica a «personas relacionadas con proyectos de investigación» . El documento subraya que la gestión de este personal se realiza «completamente al margen de los departamentos correspondientes para el resto de la plantilla» a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología.En el mismo capítulo, también alerta sobre cerca de

Según el Tribunal de Cuentas, «las retribuciones individuales en esta Oficina no están fijadas con arreglo a ningún módulo o tabla ni son acordes en todos los casos con la tabla salarial del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas de Madrid». Estos hechos contrastan con los 300 despidos de personal no docente aprobados este año por la Politécnica.