El exdirector gerente de Madridec culpa a sus subordinados de no suspender la fiesta

Además, ha detallado por primera vez durante la fase de instrucción que, en el contrato previo, Seguriber se encargaba tanto de la seguridad interior y como de la exterior del pabellón, cuando la empresa ha mantenido que solo se ocupaba de esta última.

Rodrigo Domínguez -destituído por Ana Botella el 21 de noviembre, junto a el entonces consejero delegado, José Ángel Rivero-, ha señalado ante el juez que el director de seguridad de Madridec, Rafael Pastor, y el coordinador de Operaciones y Proyectos de Madridec, Francisco del Amo, tenían capacidad para haber parado el evento, antes de su celebración, a la vista de los problemas de seguridad del recinto.

También ha indicado que, una vez en marcha la fiesta, el responsable de seguridad, el técnico, José Ruiz Ayuso, también tenía potestad para haber ordenado la suspensión de la fiesta, de ser ciertas las irregularidades detectadas en el informe de la Policía Científica. «Tendrían que haber suspendido la fiesta», aseveró.

Entre las supuestas anomalías , ha citado el exceso de barras de bar, casi una veintena frente a las seis previstas, lo que dificultaba la movilidad, reducía el espacio y taponaba salidas. Además, ha agregado que la zona VIP estaba en una cota que no era la inicialmente programada y que muchas de las puertas de emergencia estaba clausuradas, según han explicado tres de los letrados de las acusaciones particulares: Abdón Núñez, Felipe Moreno y María José Siñeriz. Ésta última, ha apuntado que Rodrigo ha extendido también la responsabilidad a Jorge Rodríguez Caamaño,coordinador de seguridad.

Además, el exdirector gerente ha apuntado también por primera vez a la presunta responsabilidad de la Delegación del Gobierno, dado que «tiene capacidad y competencia para suspender de forma provisional o definitiva la fiesta en dichas circunstancias», según ha aseverado Moreno.

Por otro lado, Manos Limpias pedirá que se abra una pieza separada para imputar al exvicealcalde, Miguel Ángel Villanueva y al exconcejal de Economía, Pedro Calvo, por los supuesto delitos de tráfico de influencias y prevaricación en relación a Miguel Ángel Flores y su empresa Diviertt.

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