La Orquesta desafinada

El primero en abandonar fue el juez instructor, Andrés Lago Louro. Suya fue la paternidad de la operación, que apareció de la nada mientras se intervenían conversaciones en una investigación contra el narcotráfico. Un representante de orquestas deslizaba un presunto soborno con el entonces alcalde de Cee, Ramón Vigo, y tras pincharle su móvil apareció el constructor muxián Daniel Ogando. El hilo les llevó hasta los regidores de Mazaricos y Fisterra, los populares José Manuel Santos y José Manuel Traba, respectivamente. Y meses más tarde, salpicó al primer edil de Corcubión, el socialista Francisco Lema. Y de paso, un rosario de concejales y técnicos municipales que compartieron su misma suerte. En total, 26 personas.

La causa tomaba aspecto de trama, y todo basado en las escuchas telefónicas, que la Policía Nacional interpretaba a discreción. En abril de 2013, Lago Louro ponía el punto y final a la instrucción y la remitía a la Audiencia Provincial. Un año y cinco meses más tarde, en septiembre de 2014, este órgano tuvo a bien resolver —sin entrar en el fondo del asunto— que no había relación entre los hechos investigados por el instructor, que no existía trama, y que devolvía el caso a Corcubión para que se troceara en piezas separadas. A día de hoy, se sigue sin fecha para las vistas orales, que los abogados defensores dudan que lleguen a producirse por los defectos de forma que atribuyen a Lago Louro. Pero este juez ya no podrá enmendar el error. Tras pedir traslado, se hizo cargo del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago en sustitución de Luis Alaéz . En sus manos está ahora el accidente del Alvia.

«Fue una instrucción desproporcionada en las formas y en el fondo, porque no había nada que fuera constitutivo de delito», recuerda José Luis Gutiérrez Aranguren, representante legal del alcalde y los concejales de Fisterra imputados, «y lleva visos de perpetuarse en el tiempo».

Para el abogado, la investigación se sustenta en «una mala interpretación» que la Policía habría hecho de las conversaciones telefónicas. «Eran agentes traídos de Madrid intentando dar sentido a conversaciones en gallego, buscando frases sueltas para armar» la causa. Lo que llevó al extremo de «que se acusa de soborno, pero no se imputa delito de cohecho» a sus defendidos. Su impresión es que «Lago Louro percibió que allí no había nada de nada y que le habían metido un gol», pero en lugar de desmontar la instrucción «optó por cerrarla y dejar que fuera el juez de lo Penal el que lo resolviera». Una vulgar patada hacia arriba que, cuando cayó de vuelta, ya le cogió en otro juzgado.

«Lo más probable es que el juez actual —Alberto Ballón Lage— que ha recibido la causa no desautorice al juez anterior», un corporativismo que Aranguren no critica en exceso. «Soy un poco comprensivo con eso, porque la actual entenderá que todo el trabajo fue de su predecesor, y no cuestionará su labor», aclara. En todo caso, «volveré a pedir la nulidad de actuaciones», basándose en que Lago Louro no elevó la causa a reparto cuando saltó el caso desde aquellas escuchas por narcotráfico, sino que se atribuyó la investigación, un posible vicio que podría llevarlo todo al traste, como ha ocurrido recientemente con dos macrocausas en Lugo.

Aunque llegue el sobreseimiento de la causa, para Aranguren «el mal ya está hecho», porque «hubo dos elecciones y estos alcaldes pudieron haber tenido que dimitir» en aplicación de los códigos éticos de sus partidos. No lo hizo ninguno cuando estalló la causa, aunque al ceense Ramón Vigo le costó el puesto, ya que una moción de censura entre PP y BNG en enero de 2012 lo desalojó. Hoy gobierna la popular Zaira Rodríguez. Pero Vigo, lejos de dejar la política, ha anunciado que volverá a concurrir en mayo con su partido independiente.

Quien no gobernará más será el regidor de Mazaricos, José Manuel Santos. Lo deja, no optará a la reelección. Prefiere no hablar del tema porque «yo ya estoy fuera de esto». Es una de las víctimas políticas de este caso interminable. Sus compañeros de partido en la comarca reconocen que el proceso «le ha pasado factura», aunque en 2011 revalidó la alcaldía pese a estar imputado.

La misma reflexión sobre si tirar la toalla o no se la hizo el alcalde de Corcubión, Francisco Lema. «Claro que te planteas si lo dejas, porque yo no tengo dedicación exclusiva, y esto se acaba convirtiendo en un dolor de cabeza, en una angustia», reconoce a ABC. «Quien peor lo pasa es la familia. Cuando empecé en la política estaba solo casado, pero ahora tengo una hija de nueve años, que está a punto de empezar a leer los periódicos y hacerse preguntas, y sopesé mucho si seguir o no», asegura, «y acabas siguiendo por responsabilidad, porque cuando llegué Corcubión estaba en quiebra y hoy estamos saliendo adelante».

Para José Manuel Traba, alcalde de Fisterra, «en parte no lo dejas para demostrarte que eres luchador, que cualquier abatimiento que te plantee la vida no te tumba», sobreponiéndote incluso al qué dirán. «Cuando estás sometido a la opinión pública, lo que menos piensas es en lo que digan determinadas personas», asevera, «porque mi antecesor en el cargo me enseñó que "si bailas al tambor que te toquen, todo el mundo te tocará el tambor"».

Francisco Lema lamenta que la política se haya convertido «en una merienda de negros», y más en un ayuntamiento «donde estamos completamente desprotegidos». «Hoy ser alcalde es hacer escalada sin una cuerda de seguridad», porque «te confías al interventor para que te asesore en la gestión y la toma de decisiones, y le obligas a que sepa de cualquier tema del municipio», una coyuntura imposible.

«A los alcaldes, el mundo legal muchas veces se nos escapa», añade Traba, «muchas veces creemos que es importante lo que no lo es, y una anécdota resulta que no lo es tanto». Aún recuerda la primera vez que lo imputaron. «Fue por retirar un vehículo, y después de año y medio, el juez dijo literalmente que había cumplido con mis labores», lo que no quita que «a pesar de que una imputación sea una garantía legal, te afecte».

¿Y cómo repercute en el día a día? Lema y Traba coinciden en que en la calle «ya no se habla de esto, nadie se acuerda». «No afecta al funcionamiento del concello» ni tampoco «sale mucho en la vida política». Pero araña la conciencia. «La autosospecha te entra siempre, te preguntas si pudiste haber hecho algo mal», admite Traba, «pero aprendes a relativizar, a saber qué es lo verdaderamente importante».

Cuatro años después, el regidor corcubionense sigue creyendo que se le incluyó en el sumario de la «Orquesta» de «una manera extraña». «Pero yo confío en la Justicia», y como sus homólogos de la comarca, elude hacer valoraciones sobre los aspectos legales. Para todos ellos, los vecinos ya han juzgado su comportamiento «porque nos conocen». «En los pequeños pueblos como Corcubión, con apenas 1.300 habitantes, todos nos conocemos», apunta, «y yo me sigo dedicando a mi profesión, haciendo las mismas cosas». La sociedad municipal escruta con ojo crítico. «Si haces alarde de algo, se extraña y pregunta», avisa. «Vuelven a confiar en ti porque saben cómo vivimos el día a día», apunta Traba.

¿Y los partidos? Aquí difieren los dos alcaldes. «Siempre tuve el apoyo y el cariño del partido, porque todos nos conocemos», manifiesta el popular José Manuel Traba. Algo más amarga es la confesión Francisco Lema, independiente dentro de la lista del PSOE. «Yo sí eché de menos el lado humano del partido, que alguien de arriba te diga que confía en tí aunque tenga que decir otra cosa ante la opinión pública», lamenta, «te sientes un poco defraudado».