Áurea Soto asegura que las obras de Bedoya se adjudicaron con urgencia para no perder una subvención

Soto fue la segunda en declarar durante la mañana de este jueves ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Orense, aunque las diligencias fueron abiertas por el juez Antonio Piña, del número 2, pendiente de la resolución de su recusación. Ésta fue admitida a trámite por la Audiencia Provincial tras ser presentada por la propia Soto y el exregidor Francisco Rodríguez, quien tuvo que dimitir a raíz de su detención en la «operación Pokemon».

La investigación judicial comenzó tras una denuncia de Democracia Ourensana y en el auto de apertura, el juez Piña centró las posibles irregularidades en la adjudicación por un procedimiento negociado y sin publicidad, sin justificación de la urgencia, y en la posible conexión entre las tres empresas invitadas al concurso, cuyos responsables declararon como imputados el miércoles, por el posible delito de concertación para alteración de precios.

El primero en declarar fue el exalcalde Francisco Rodríguez, que tras comparecer una hora ante juez y abogados, explicó a los medios de comunicación que fue «invitado» a prestar declaración por un tema del que pasaron seis años «y nadie lo recurrió hasta ahora». En ese sentido, expresó su «convicción total y absoluta» de que la junta de Gobierno en la que él actuó como alcalde, «obró con total responsabilidad para evitar que se perdiera una subvención importante» .

Por su parte, Áurea Soto detalló que cuatro juntas de Gobierno avalaron el proceso de adjudicación, desde la presentación de las propuestas de las tres empresas, y pasando por la elección de la mejor de ellas «y siempre con el respaldo de los informes técnicos». Añadió que la discusión jurídica es ahora si el procedimiento negociado y sin publicidad «es el más adecuado o si se debería haber adjudicado con publicidad, pero si se hizo así y con urgencia fue para no perder una subvención».

Además, incidió en que no fue una adjudicación «a dedo», sino con tres empresas «de las que no había ningún informe técnico que estableciese una relación entre ellas», por lo que la tramitación fue normal, según dijo.

Por su parte, el exteniente alcalde Alexandre Sánchez Vidal explicó a los periodistas, antes de entrar en el juzgado, que el procedimiento de adjudicación de las obras «estuvo fiscalizado por la Xunta y contó con el beneplácito de los técnicos municipales», por lo que se mostró «sorprendido» por tener que estar en el juzgado.