El juez suspende las declaraciones de los implicados en las obras de la calle Bedoya

El titular del juzgado de Instrucción número 2, Antonio Piña, recibió el escrito de recusación el día 20 de marzo, firmado por dos de los 13 imputados -el exalcalde Francisco Rodríguez (también imputado en la operación Pokémon) y la edila de Urbanismo Áurea Soto-. Ambos alegaron enemistad hacia los políticos por parte del juez, por comentarios que escribió en una red social y argumentaron su amistad documentada con imágenes en la misma red, con un miembro de Democracia Orensana, partido que les denunció en el juzgado.

Entre las citaciones judiciales para declarar en el marco de esta investigación, que empezaban con tres empresarios este lunes, se encuentra la del exregidor; la edila; un funcionario; y otros siete políticos, entre ellos el actual alcalde, Agustín Fernández, y la edila de Bienestar Social, Margarita Martín -imputada en la investigación judicial sobre el servicio de atención domiciliaria, en el mismo juzgado-.

Según fuentes judiciales, esas declaraciones quedaron suspendidas. El juez estudia con el titular del juzgado de instrucción número 1 si se trasladan las comparecencias previstas desde el miércoles hasta el día 2 de abril a ese otro juzgado, o si espera la resolución de la Audiencia Provincial. La instrucción está relacionada con la adjudicación, aprobada en una junta de gobierno en 2008, de las obras de mejora de la calle Bedoya, con el voto unánime de los nueve ediles que la conformaban, del PSOE y del BNG. Esta obra tenía los informes favorables, según fuentes municipales, de los técnicos, de los que uno está también imputado como jefe de servicio de Contratación. Junto a él, también lo están los tres empresarios titulares de las constructoras que concurrieron al procedimiento negociado y sin publicidad que adjudicó la obra a la empresa OCA S.A.