Los siete concejales de Santiago se sentarán en el banquillo

Concluye así, en este último auto, que «del tenor literal del acuerdo resulta la probabilidad de que el gasto se haya asumido de forma incondicionada, sin sujeción a las exigencias que derivan de la ley y la jurisprudencia, exigencias conocidas por los concejales por constar expresamente en el informe del que se les dio cuenta inmediatamente antes de la adopción del acuerdo». Este dato, junto al resto de indicios referidos por la Fiscalía, como son la urgencia en la adopción del acuerdo o la peculiaridad de que se asuma el gasto en favor de un concreto letrado, justifica en su opinión «continuar con el proceso».

Si bien, la Audiencia Provincial, que recuerda que la Fiscalía atribuye a los acusados un delito de prevaricación , aclara que su decisión «no impide que, abierto el juicio oral, puedan demostrar que esa probabilidad no es un hecho cierto, o que hay otras hipótesis, que cuentan con prueba suficiente para demostrarse ciertas o, al menos, para provocar dudas razonables sobre la certeza de los hechos».