Los siete ediles de Santiago imputados por prevaricación recurren el auto

Los imputados en este caso son los siete concejales presentes en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santiago que aprobó, el pasado 30 de mayo, pagar los gastos de defensa al edil Adrián Varela , imputado en la «operación Pokemon». En concreto, se trata de Amelia González, Juan de la Fuente, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello, María Castelao y la propia María Pardo.

La fiscal del caso recoge en su escrito de denuncia por prevaricación administrativa contra los siete ediles que la «ilegalidad» del acuerdo que estimó pagar la defensa a Adrián Varela es «evidente, patente, flagrante y clamorosa», al tiempo que sostiene que, según su punto de vista, el informe jurídico emitido por la asesoría jurídica municipal no avalaba tal decisión.

Para la fiscal, la Junta de Gobierno acordó de forma «inexplicable» y «vulnerando de manera patente el ordenamiento jurídico vigente», asumir los gastos de defensa del edil Adrián Varela. Asimismo, el Ministerio Fiscal considera que esta decisión se tomó en contra del informe de la asesoría jurídica, dado que en sus conclusiones se condicionaba la legalidad del acuerdo a que se cumpliesen una serie de requisitos fijados en la sentencia del Tribunal Supremo de 2002 que, según considera, no se cumplían. El gobierno local, por su parte, contradice esta visión y se remite a este informe para afirmar que su decisión fue «ajustada a derecho».