Un plan de empleo sin explicar

En la recriminación, buzoneada y utilizada como altavoz convocante para una manifestación de incondicionales de la causa, se hace al presidente Gómez Besteiro responsable directo de la aprobación de un Plan de Empleo que excluye nada menos que a 55 de los 67 municipios lucenses, lo que equivale al 95 por ciento de los parados de la provincia. En cualquier circunstancia, una discriminación de tal envergadura sería política y socialmente gravísima. En la actual coyuntura, es decir, proyectada sobre una provincia cuya tasa oficial de desempleo alcanza a 30.000 personas y evoluciona con tendencia ascendente, no es exagerado afirmar que estamos ante una indecencia execrable.

El reparto partidista de los fondos públicos (sin excluir los provenientes del Fondo Social Europeo) es una palanca de uso ineludible por todos los partidos sin excepción, unos y otros infectados de la persuasión de que los principios y los presupuestos han de ser subordinados al mero clientelismo. Por eso, la imputación de la que es objeto el señor Gómez Besteiro no se queda en un mero episodio de la pugna política. Y ante ella, no se puede ofrecer el asentimiento del silencio ni bastan las explicaciones difusas.