Los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad y Servicios Sociales han planteado discrepancias a varios artículos del decreto ley de la Generalitat Valenciana que devolvió la atención sanitaria a inmigrantes irregulares en la Comunidad Valenciana al estimar que pueden ser inconstitucionales.
El Gobierno ha solicitado en consecuencia que se cree una comisión bilateral de cooperación entre la Administración del Estado y la Generalitat Valenciana con el fin de buscar una solución que evite la presentación del recurso de inconstitucionalidad, según un escrito del Gobierno al que ha tenido acceso la Agencia Efe.
Ese decreto devuelve la cobertura sanitaria a 30.000 personas excluidas del sistema público de sanidad, a las que se concede una tarjeta sanitaria, tienen acceso a la cartera básica de servicios, se les asigna un facultativo de medicina general y cuentan con la prescripción de medicamentos con receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas.
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