El PP de Buñol denuncia la contratación de una empresa privada para la gestión de la Tomatina

En el escrito, los ediles 'populares' ponen de manifiesto que en la Tomatina celebrada en fecha 28 de agosto del 2013, el Gobierno local del Ayuntamiento de Buñol, formado por EU, PSOE e IAB, se encomendó a una empresa privada la gestión de servicio cuyo objeto es la venta de entradas al referido evento.

Sin embargo, la denuncia señala que la contratación habilitó a la mercantil para ofertar una serie de servicios de transporte y otras prestaciones --entre las que cita el bus Valencia-Buñol-Valencia, bus Madrid-Buñol-Madrid, servicio de Guía acompañante+camiseta+paella y sangria+animación musical-- "ajenas a la venta de las referidas entradas, siendo pues en consecuencia, que, el objeto no es el evento en si, ni trabajos relacionados con su preparación o desarrollo".

Por ello, el PP considera que "el objeto no es el evento en sí, ni trabajos relacionados con su preparación o desarrollo, sino la venta de entradas que se traduce materialmente en un control de acceso al evento, al que se liga un derecho de la empresa contratada de ofertar (de facto, en exclusiva) a terceros una serie de prestaciones adicionales, ajenas en si mismas al acceso al evento, lucrativas , de distinta naturaleza y contenido, pero generadas, en cuanto negocio privado, al control de acceso conferido por el ayuntamiento en exclusiva a dicha empresa".

Añade que "el Ayuntamiento de Buñol, publicó una tasa pública para los eventos de la Tomatina, resultando que se vendió la entrada de acceso a la misma como precio publico, resultando que la referida concesión con la empresa, supuso, al menos, un volumen aproximado de más/menos 2 millones de euros".

En definitiva, los denunciantes consideran que "no consta acreditada la necesidad de efectuar la contratación y no existe expediente alguno de contratación" y aducen que "se actuó en perjuicio de los intereses públicos municipales y en beneficio y favor de una determinada empresa", hecho que piden que se investiguen por si tuvieran carácter delictivo.

Sobre esta cuestión, el PP de Buñol ha criticado la actuación del "tripartito de la localidad, integrado por EU-PSOE-IAB, ante la falta de claridad en el proceso de privatización de la Tomatina que tuvo lugar en el año 2013 sin ningún tipo de expediente administrativo ni control legal en la cesión de la explotación de la fiesta".

"Como consecuencia de todos estos hechos y de la negativa del tripartito en la entrega de los reparos de legalidad y de los contratos celebrados con las empresas a las que se cedió el control para manejar un volumen de negocio en torno a la fiesta cercano a los dos millones de euros, es por lo que los Populares de Buñol hemos decidido denunciar los hechos a la Fiscalía Anticorrupción", argumentan los 'populares' en una nota.

Agregan que "las reiteradas solicitudes de información en este y otros temas han caído en saco roto, de manera que ante la negativa del gobierno municipal Tripartito de seguir por los cauces legales de contratación administrativa que marca la Ley de Contratos del Sector Público nos hemos visto obligados a denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción".

En la misma línea, opinan que actuar "al margen de la ley de contratos del sector público ha sido una seña de identidad del tripartito y de los gobiernos de PSOE e IU durante más de 20 años en temas tan variados como los servicios de recaudación, la limpieza viaria, publicidad de la radio, fraccionamiento de contratos".

"Lo que nos hace sospechar --prosiguen-- que estamos en presencia de un presunto chapapote político institucionalizado durante años en el Ayuntamiento de Buñol, por lo que la privatización irregular de la Tomatina solo parece ser la punta del iceberg que se esconde bajo las alfombras de la gestión municipal de IU-PSOE-IAB".

Del mismo modo, creen que "el pacto que formalizaron hace tres años IU y PSOE iba más allá de lo estrictamente político, encaminado a tapar las vergüenzas en la gestión de servicios públicos municipales, adjudicados una red clientelar de empresas privadas que durante años han estado viviendo del presupuesto público sin procedimientos legales de adjudicación".