El Consell alega contra los sondeos petrolíferos en el Golfo de Valencia

Desde la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente se ha coordinado un grupo de trabajo integrado por las direcciones generales de Ordenación Territorial, Calidad Ambiental, Medio Natural, Energía y Empresas Agroalimentarias y Pesca que ha elaborado las alegaciones presentadas por la Generalitat a dicho Estudio de Impacto Ambiental.

Las alegaciones presentadas analizan los daños que puedan provocar estos sondeos en la fauna marina, especialmente cetáceos y tortugas, y sobre los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 (l'Albufera, El Montgó, Columbretes y l'Almadrava).

Las alegaciones presentadas siguen las directrices establecidas en la Estrategia Territorial, aprobada por el Consell en 2011, que sienta las bases para el desarrollo sostenible de la Comunitat en los próximos 20 años, y en el que las actividades petrolíferas frente a las costas no tienen cabida dentro del modelo previsto.

El informe señala que, “dado el carácter vulnerable del mar Mediterráneo, debe analizarse el posible agravamiento que los impactos del proyecto de prospección pueden producir, por lo que debe acotarse el área de afección del proyecto sísmico en función de las zonas donde previsiblemente existe susceptibilidad de presencia de hidrocarburos”.

Las alegaciones señalan que la distancia de seguridad debe medirse a partir del límite exterior donde habitualmente reposan, comen, se reproducen o tienen su habitat, las diversas especies ubicadas en la zona afectada. El mismo informe de alegaciones expone que la afección a un solo ejemplar de rorcual, zifio o delfín común (muy raro en el Golfo de Valencia) representaría un impacto irreversible” y además señala que “debería formularse un plan específico de prevención para tortugas marinas”.

El documento insiste en la deficiencia de la información para la evaluación del impacto sobre cetáceos de la campaña examinada, no habiéndose realizado un trabajo especifico de evaluación de la presencia de estas especies en la zona de actuación. A su vez, concluye que “deben volver a formularse las medidas preventivas y correctoras para aumentar el nivel de protección”.

Además, se argumenta que deben contratarse observadores independientes, procedentes de diversos organismos (como universidades, organizaciones ecologistas, institutos u otros organismos que se dediquen al estudio del medio marino, a su investigación, etc.) y no solo los escogidos por la propia empresa que contrata y ejecuta la campaña sísmica.