Un grupo libio ofrece 100 millones por el aeropuerto de Castellón y 100 más en obras

El recinto es propiedad de la Generalitat Valenciana (98%) y de la Diputación de Castellón (2%) a través de la firma pública Aerocas, y en su construcción se invirtieron 138 millones de euros, de acuerdo con el último informe de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.

A esta cifra hay que sumar los costes de mantenimiento, publicidad (solo en 2011 se destinaron 4,8 millones a dicha partida), terrenos, arrendamientos y cánones, que sitúan el precio final por encima de los 150 millones. El presidente de Aerocas, Carlos Fabra, desveló ayer en una comparecencia que no estaba prevista que la oferta se recibió el 31 de diciembre, dos días después de que venciera el plazo para que el aeropuerto saliera a la venta si no se alcanzaba un acuerdo con la antigua concesionaria de la infraestructura, con quien la Generalitat mantiene un conflicto por la ruptura del contrato. Una copia de la oferta ya obra en poder del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

Según ha podido conocer este periódico, el fondo libio mostró su interés por el aeropuerto durante una visita de la ministra de Fomento, Ana Pastor, el pasado mes de diciembre. Además, existen vínculos comerciales entre Libia y las empresas castellonenses del sector del azulejo y los materiales de construcción.

En todo caso, fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por ABC optaron por mantener la cautela. El más gráfico fue el titular de Economía, Máximo Buch, quien equiparó la operación a un «embarazo, que dura nueve meses pero en cualquier momento pueden surgir complicaciones». No obstante, la Generalitat otorga «credibilidad» a una proposición que supondría la creación de 250 puestos de trabajo directos y otros 1.400 inducidos en la provincia de Castellón. Ahora, serán los técnicos los que deban dar el plácet a la propuesta.

Al respecto, fuentes políticas y empresariales expresaron su «sorpresa por el anuncio» de Carlos Fabra, quien vaticinó una venta «inminente», toda vez que la operación se encuentra en una fase «embrionaria» y restan importantes flecos por resolver, entre ellos el de la certificación de las instalaciones por parte del Gobierno. De hecho, entre las condiciones de la oferta presentada estaría que el aeropuerto reciba la homologación del Ministerio de Fomento para comenzar a operar. Así, una de las cláusulas del acuerdo establecería que «la Generalitat y el Gobierno prestarán todo el apoyo para que las gestiones se hagan lo más rápido posible».

Además, la negociación contempla un apartado para la obtención de la «carta bancaria de garantía para la inversión». El plan de negocio que se esboza en la oferta prevé captar aerolíneas de bajo coste con precios de operación «asequibles» en un modelo similar al que se emplea en los aeropuertos catalanes de Reus y Gerona.

Asimismo, la oferta estaría vinculada a la llegada al aeropuerto de una compañía de bandera.