Registran el despacho del exjefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid

Una trama que, según los datos recabados por el Grupo Municipal Socialista y facilitados por el área de Intervención, asciende a 11,2 millones de euros, con 1.314 contratos adjudicados entre 2000 y mayo de 2014. Fuentes municipales confirmaron a la agencia Ical que los agentes habían recabado archivadores con papeles, además de un ordenador.

La trama, que fue denunciada por el PSOE en la Fiscalía y posteriormente el Ayuntamiento trasladó el expediente abierto contra el jefe de Mantenimeinto al Ministerio Fiscal, afecta a contratos menores que no deben superar los 50.000 euros para obras y los 18.000 euros para servicios, a los que hay que sumar el IVA.

De momento, el Grupo Municipal Socialista calcula que 13 empresas vinculadas al ex funcionario se embolsaron, por la realización de obras y prestación de servicios de mantenimiento para todas y cada una de las áreas del Ayuntamiento, supuestamente, más de 11 millones de euros.

Según los datos de Intervención, la trama comenzó a funcionar desde el mismo momento en que Luis Alberto S.C tomó posesión del puesto de jefe de Mantenimiento, en el año 2000, y no ha cesado de hacerlo -cada vez con un mayor número de empresas y paulatinamente con más adjudicaciones y más dinero-».

El primer contrato fue registrado el 28 de diciembre de 2000, gracias al cual la empresa Constructora Castellana Industrial S.A. facturó casi 2 millones de pesetas por la reforma de unos baños en una residencia de ancianos, hasta finales de 2013, año en que las empresas «fueron agraciadas» con 176 adjudicaciones, las cantidades, tanto de número de contratos como de dinero facturado, «fueron creciendo exponencialmente». También hay una factura del pasado 30 de mayo, tres días antes de que el Ayuntamiento abriera un expediente sancionador contra Luis Alberto S. C.

El PSOE reclamó la «urgente necesidad» de crear una Comisión interna de Investigación en la que pueda clarificarse cómo ha sido posible que esto haya sucedido en el Ayuntamiento durante más de una década, quiénes tenían la obligación de controlar estos procedimientos, y quiénes, en su caso, conocían o sospechaban lo que estaba sucediendo y no adoptaron medidas al respecto.