Rajoy antepone «la Ley» a los intereses secesionistas de Treviño

El pasado 8 de marzo los dos ayuntamientos que forman Treviño -Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, en Burgos- decidieron, mediante acuerdos plenarios aprobados por mayoría absoluta y con la abstención del PP , iniciar los trámites para pedir la segregación de Castilla y León y anexionarse al País Vasco . "Mi actitud ante esta cuestión y ante cualquier otra que se plantee será buscar en todo momento el interés general de los ciudadanos, encontrar una solución al problema y obrar siempre con absoluto respeto a la ley", ha afirmado Rajoy.

El jefe del Gobierno ha recordado que existen "previsiones legales" que además están contempladas en la Constitución, que asegura que la alteración de los límites provinciales deben resolverse en última instancia en el Congreso mediante ley orgánica. También están los estatutos de autonomía que recogen disposiciones específicas y que regulan los trámites que deben seguirse para la segregación de enclaves territoriales, ha afirmado.

Ha explicado que todo está validado por la jurisprudencia constitucional apostando por la estabilidad de la ordenación territorial, por lo que su posición como presidente del Gobierno es la de "respetar la ley y las decisiones que adopten las instituciones competentes".

Esteban le ha dicho que en este caso su actitud como presidente del PP es "clave" para "influir" en las decisiones que adopte la Junta de Castilla y León, por lo que le ha pedido que "deje que los ciudadanos se expresen en referéndum y facilite la tramitación legislativa" en esa comunidad y en el Congreso. El portavoz del PNV ha señalado que esta decisión iría en consonancia con el objetivo del Gobierno de "racionalizar las administraciones y disminuir costes" y ha señalado que con este tema tiene una "excelente oportunidad de trabajar en es sentido".

Rajoy le ha respondido que la actitud "más coherente" de un presidente del Gobierno es la de "ceñirse" a lo que marca la ley y las propias decisiones del Congreso.

"Es una decisión de las comunidades del País Vasco y Castilla y León y del propio Congreso y no una decisión del presidente del Gobierno", ha añadido.

Se trata de la tercera vez que el Condado de Treviño inicia este proceso siguiendo los pasos que marcan los estatutos de autonomía de las dos comunidades, los únicos de España que tienen un artículo dedicado específicamente a los enclaves. En las dos ocasiones anteriores, en 1980 y 1998, las peticiones chocaron con la oposición frontal de la Junta de Castilla y León, cuya negativa paralizó los expedientes.

Hace unos días el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez , adelantó que "tan legítima" es la pretensión de segregación de Burgos de los alcaldes de Treviño como lo es la decisión del Ejecutivo autonómico de cumplir con el Estatuto para negársela