Herrera: «España no puede permitirse el cierre de Garoña»

El jefe del Ejecutivo regional ha subrayado la importancia de las condiciones de seguridad de la central: «Si hubiera cualquier reserva o duda, seríamos los primeros en ponernos al frente de la manifestación para pedir el cierre inmediato de Garoña». Pero ha reconocido que, existiendo esas garantías, el cierre es un capricho que causaría «un grave daño a los intereses de Castilla y León».

El presidente de la Junta está convencido de que el Gobierno regional ha «cumplido con su obligación» y asegura que mantienen una buena relación con las empresas eléctricas por los servicios que prestan. «No voy a entrar a valorar si en eso estamos satisfechos o no con la reciprocidad», afirmó en referencia a la actitud de las empresas integrantes de Nuclenor.

A juicio de Herrera, «lo importante es que se retome» la negociación, que «parece que nunca ha estado del todo cerrada». El líder regional ha constatado «la voluntad del Gobierno», con quien ha asegurado que mantiene «una interlocución directa» -no tan abierta con las eléctricas, admitió-, y valoró que el Gobierno haya estado siempre dispuesto a dar una solución razonable y racional «sin presiones, sin chantajes, sin condiciones y sin mezclar cosas». Una salida que «distaba mucho de una serie de decisiones caprichosas adoptadas por las propias compañías titulares de Garoña», ha llegado a decir, para asegurar acto seguido que las eléctricas «parece que se habían dejado influenciar por la decisión sí caprichosa del anterior gobierno cuando frente a una situación pacífica y garantizada por el Consejo de Seguridad Nuclear decidió que ponderara el criterio político».

Herrera ha insistido en que «mientras el consejo de Seguridad nuclear dictamine la posibilidad de prorrogar la vida útil de Garoña, destruir la central es acabar caprichosamente con 1.000 puestos de trabajo y una enorme riqueza en una parte de la comunidad». «Eso no va a contar nunca con el beneplácito del Gobierno de Castilla y León», subrayó el político burgalés, recordando que «todo lo que signifique caminar hacia una solución del problema contará con nuestro apoyo y cuenta, con carácter reservado, con la presencia y participación de Castilla y León».

Junto a Herrera, el presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Fernando Escobillas, ha puesto cifras a los efectos de la desaparición de Garoña, dejando sobre la mesa un volumen cercano a los 45 millones de euros en contratación y mil puestos de trabajo en una comarca especializada en el servicio a la central nuclear con ninguna alternativa.