«El Imserso tiene un problema. Aquí no hay fraude de dependencia»

Niega la mayor y deja la pelota de la responsabilidad en el tejado del Imserso. Con la negación de los datos y el rechazo a cualquier culpabilidad en este sentido respondió ayer la Junta de Castilla y León al informe del Tribunal de Cuentas que apunta que en la Comunidad había 4.105 personas dependientes que seguían cobrando la prestación pese a haber fallecido. Así lo recalcó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión del Consejo de Gobierno.

« No hemos detectado ningún fraude en Castilla y León», reiteró en varias ocasiones De Santiago-Juárez, quien también descartó que se haya corroborado la existencia de «picaresca» para seguir percibiendo las ayudas a la dependencia tras el deceso de un pariente al que cuidaban.

Según ese estudio del Tribunal de Cuentas al cruzar los datos de las comunidades y los del INE en el periodo 2007-2011, se habría detectado que en toda España casi 30.000 dependientes (29.169) seguían cobrando la prestación pese a haber muerto, lo que habría supuesto un desembolso a las arcas estatales hacia las autonómicas de más de 140 millones de euros, tal y como publicó ayer ABC. Del total, 4.105 corresponderían a Castilla y León, la segunda cifra más alta tras la de Andalucía (4.194), que habría recibido algo más de 19,37 millones de euros en demasía por este desfase.

Si embargo, la Junta lo rechaza . «Puedo asegurar que no hemos tenido que reclamar a ninguna familia» la devolución de la prestación cobrada de forma indebida, incidió el portavoz del Ejecutivo regional, quien eximió de responsabilidades a la Junta en este sentido. «Creemos que el problema o error lo tiene el Imserso», advirtió el portavoz, quien pidió al Instituto de Mayores y Servicios Sociales que «aclare» estas cifras que, según dijo, no le fueron facilitadas este miércoles a la consejera de Familia y Servicios Sociales, Milagros Marcos, en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia celebrado en el Ministerio.

José Antonio de Santiago-Juárez defendió que la Junta de Castilla y León cuenta con un mecanismo de control interno que «evita» estos errores o fraudes. Un sistema que, según explicó, se basa en dos pilares. Por un lado, el hecho de que la Comunidad haya apostado por la prestación de servicios en detrimento de la ayuda a familiares ayuda al seguimiento y hace «más difícil el fraude» porque cuando el profesional acude al domicilio o el dependiente vive en una residencia «sabes si está o no está». Por otro lado, la Administración autonómica cuenta con un acuerdo con las funerarias por el que «cruzan» datos de forma que se conocen las defunciones .

«No hemos detectado fraude y la mejor prueba es que no hemos tenido que solicitar ninguna devolución», recalcó De Santiago-Juárez, quien instó a que sea el Imserso el que «dé explicaciones» sobre un asunto que calificó «de confuso». Es más, afirmó que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ahora dirigido por el que fuera consejero de Familia y Servicios Sociales en Castilla y León, el palentino César Antón -«un amigo», según el consejero-, hasta la pasada legislatura, «tiene un problema, por lo menos en lo que se refiere a Castilla y León», la comunidad que «más dependientes» atiende de España y en la que «no hemos detectado ese fraude o picaresca».