El Tribunal de Cuentas descubre 27 cuentas bancarias ausentes en el balance de Coalición Canaria de 2013

A partir de la información que recaba de las entidades financieras, el Tribunal de Cuentas constata la existencia de 27 cuentas bancarias , «en su mayoría pertenecientes a los partidos federados que integran la coalición, que no se hallan registradas en las cuentas anuales , cuyo saldo conjunto al cierre del 2013 ascendía a 91.019,64 euros».

Cuatro de estas cuentas no tenían saldo y otras tres habían sido canceladas , argumenta el órgano fiscalizador en su «Informe de Fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, ejercicio 2013», el último publicado en esta materia a finales del mes de julio.

Para explicar la ausencia de estas cuentas bancarias de su balance, CC alegó que están abiertas a nombre de los grupos políticos que operan dentro de la coalición en las entidades locales y de ahí que no aparecieran en su cuadro general de ingresos y gastos de ese año.

Lo que sí se plasma es que en 2013 esta formación cerró sus cuentas con un endeudamiento con las entidades de crédito a medio y largo plazo de 362.731,31 euros. De ellos, 291.960 euros corresponden a deuda hipotecaria, 70.748,40 euros a los gastos electorales y 22,83 euros los asigna a una «deuda personal» cuyo origen la federación nacionalista no aclara.

En cuanto a la cifra total, 362.731,31 euros, el Tribunal destaca que supera en 42.932,09 euros a la registrada en las cuentas de CC (319.799,22 euros) porque «ha compensado indebidamente saldos deudores y acreedores».

En todo caso, queda claro que, menos 70.748,40 euros, la deuda bancaria tiene su origen en cuatro préstamos y una línea de crédito con garantía hipotecaria, y que han originado tres de los partidos insulares federados a CC -Agrupación Palmera Independiente (API), Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y Asamblea Majorera (AM)-, así como la compra de la sede de Tenerife. Los citados 70.748,40 euros están asociados a una deuda electoral refinanciada en 2013 a través de un préstamo solicitado conjuntamente con Nueva Canarias (NC) .

«Coalición no efectuó correctamente la clasificación de esta deuda atendiendo a su vencimiento» ni periodificó los intereses devengados por tales operaciones financieras, apunta el ente fiscalizador con respecto a estas anotaciones en el balance anual. Así, por la compra de la sede de Puerto del Rosario (Fuerteventura), AM obtuvo un préstamo o crédito de Bankia por importe de 252.420,98 euros y que si no lo amortiza antes vencerá el 28 de abril de 2019. ATI, por su parte, mantiene dos operaciones similares con La Caixa . En concreto, un préstamo o crédito por valor de 55.000 euros a pagar en 18 meses relacionado con gastos de la propia organización insular; y el segundo, por la citada adquisición de su sede en la capital tinerfeña.

El cuadro indica que CC a nivel «nacional» pidió 70.760 euros a La Caixa de cara a las elecciones generales de 2011 y que tenía previsto liquidar en 18 meses. De acuerdo a la fiscalización acometida, CC finalizó el ejercicio con un saldo de tesorería de 542.620,71 euros, un 16,55% más que en 2012, de los que 538.101,12 euros se encuentran depositados en los bancos .

En cualquier caso, la fiscalización desarrollada sobre la actividad financiera de CC relata un rosario de errores contables y carencias. Por ejemplo, CC remitió al Tribunal las cuentas anuales de 2013 dentro del plazo establecido y también el estado consolidado de sus «números» con los partidos que, de acuerdo a la memoria, tienen actividad económica (API, ATI, AM e Iniciativa Canaria).

Los nacionalistas informaron en su web que remitieron el balance el 27 de junio de 2014, pero no matizan que los estados financieros consolidados fueron reformulados después y remitidos de nuevo al Tribunal el 23 de julio, «debido a los errores detectados por la propia formación en las cifras de los estados inicialmente» enviadas. Junto al endeudamiento bancario, CC arrastra deudas no bancarias con acreedores por prestaciones de servicios y con la Hacienda Pública.