El expresidente del TSJC, Antonio Castro, niega haberse reunido con Batllori para gestiones de Dimas Martín

Castro, que ha declarado a través de videoconferencia en una nueva sesión del juicio que se celebra contra Batllori y Martín, así como otros cuatro acusados de la pieza número 8 del "caso Unión" , ha negado que Batllori le entregara recurso ni documentación alguna relacionada con el político, que cumplía una condena en la cárcel de Tahíche y que pretendía obtener el tercer grado.

El expresidente del TSJC ha explicado al tribunal que en varias ocasiones recibió al que fuera ex viceconsejero de Justicia regional como asesor de la Cámara de Comercio, y que desconocía que este fuera abogado de Martín, líder y fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).

Asimismo, ha señalado que una vez Batllori le preguntó si conocía el criterio que seguía la Sección Primera de la Audiencia Las Palmas parar la concesión del tercer grado, y que, "como es lógico, le dijo que no", y que además él no formaba parte de la misma.

Castro tampoco ha recordado la fecha en la que se produjo esa reunión, que fue en su despacho, "porque fue intrascendente" para él, y también ha manifestado que no sabía si Batllori era abogado de Dimas Martín, aunque supuso que tendría alguna relación de amistad o profesional con el político, pero "no tuvo mayor trascendencia", ha insistido.

Además, ha señalado que desconocía la correspondencia que mantenía Batllori con Dimas Martín y que, "por supuesto", él no dio ningún tipo de indicación judicial relativa a Batllori ni este le entregó el recurso para la consecución del tercer grado del político ni ninguna carta de la letrada que le representaba.

El expresidente, que ha sido citado a declarar como testigo de la defensa, también ha apuntado, a preguntas del fiscal, que él no es responsable de lo que los dos acusados hayan podido hablar en su nombre, en relación a las cartas y conversaciones telefónicas intervenidas a lo largo del proceso y en las que Batllori y Martín tratan sobre las gestiones para conseguir el tercer grado, informó Efe.

En esta jornada del juicio también ha declarado el instructor del caso por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien ha explicado que a Batllori se le investigó a raíz de la documentación hallada en la celda de Dimas Martín.

En ella fueran halladas facturas de pagos realizados al exviceconsejero de Justicia por servicios que no fueron prestados al Ayuntamiento de Arrecife, sino, en todo caso, en relación a la defensa jurídica del político, ha aclarado.

Este testigo de la Guardia Civil ha asegurado que todas las intervenciones telefónicas y registros practicados se hicieron conforme a la ley y "bajo el estricto criterio del juez", y ha negado cualquier "tipo de interferencia política ni de la cadena de mando".

En las conversaciones intervenidas, añadió, Batllori llega a "suplicar" a Dimas Martín que dé instrucciones al edil de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez (PIL), otro de los acusados de esta causa, para que le pague las facturas.

Ha explicado que se comprobó que el exviceconsejero no tenía relación contractual con el Ayuntamiento y ha subrayado "la subordinación total y absoluta" a Martín de los concejales y otros muchos imputados en el caso, según la investigación efectuada.

En esta jornada también ha declarado otro testigo de la UCO que dirigió el registro de la celda y también el del domicilio del acusado, así como el practicado en el Ayuntamiento de Yaiza, y ha ratificado que todo se efectuó conforme a la legalidad.

Además, han declarado a instancias de la defensa el exdirector general de Energía del Gobierno canario, Adrián Mendoza, y el director general de Unelco-Endesa entre los años 2008-2009, Pablo Casado, quienes han admitido que se reunieron con Batllori para abordar asuntos relacionados con la empresa de aguas de Lanzarote, Inalsa.

El Fiscal de Medio Ambiente, Javier Ródenas, reclama seis años de cárcel para Martín y ocho para Rodríguez Batllori por supuestamente cargar facturas falsas al Ayuntamiento de Arrecife y a Inalsa.

Según el Ministerio Público, desde prisión, el fundador del PIL ideó un procedimiento para que Batllori cobrara, de esas dos administraciones y bajo su control, una serie de trabajos inexistentes que en realidad servían para pagarle gestiones particulares.

La Fiscalía acusa a ambos de dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación y, en el caso del letrado y exviconsejero, le suma un tercer cargo de falsificación de documentos.

Los otros cuatro acusados eran cargos públicos del PIL: Los entonces concejales de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez y María Luisa Blanco, y los responsables de Inalsa en aquel momento, la consejera delegada, Plácida Guerra, y el gerente, Rafael Elorrieta, yerno de Dimas Martín.