El helipuerto que dará apoyo durante las prospecciones de Repsol se ubicará en Lanzarote

Tal y como se fijó en el estudio de impacto ambiental previo y quedó reflejado en la declaración aprobada a posteriori por el Ministerio de Medio Ambiente, la base ocupa una superficie de unos 17.000 metros cuadrados y cuenta con un muelle de uso exclusivo. Repsol calcula una inversión total en logística de unos 30 millones de dólares, incluyendo el contrato adjudicado para la instalación de la base.

La idea es que, ante la inminencia de las perforaciones, esté todo preparado para antes de que llegue el barco «Rowan Renaissance» en el mes de noviembre. Mientras culmina la puesta a punto de la base canaria, este miércoles no cesaron la reacciones al descubrimiento de crudo de Genel Energy y sus socios a unos 200 kilómetros del litoral de Lanzarote, adelantado por ABC este martes.

Para el Colegio de Geólogos los «indicios» apuntan a que será explotable. Aunque expresó cierta cautela por la ausencia de las pertinentes pruebas de producción, entre otras, el colegio profesional sí dejó claro que debido a «su proximidad a la costa de Canarias», en caso de «algún hipotético y poco probable accidente, con escape de crudo, posiblemente las islas se verían afectadas». Un riesgo asociado a un pozo relativamente próximo a las islas, pero que para el titular del Gobierno canario, Paulino Rivero, «no cambia las cosas» en cuanto a las catas canarias , donde el riesgo es «mucho mayor», opinó.

Acerca de la seguridad, los geólogos también recordaron que la normativa medioambiental y técnica europea, la vigente en España, es «mucho más garantista que la de Marruecos en materia de hidrocarburos». En concreto, en España la búsqueda y explotación de petróleo están regulados por la Ley del Sector de Hidrocarburos y la Ley de Evaluación Ambiental, «una de las más garantistas con el medioambiente de las que existen en el mundo».

Entretanto Marruecos se prepara para conocer el potencial real del hallazgo de hidrocarburos en aguas ultraprofundas, el recurso contra la consulta popular propuesta por el Ejecutivo autonómico sigue adelante. La Comisión Permanente del Consejo de Estado estudiará este jueves el dictamen elaborado a petición del Gobierno de Mariano Rajoy y que es preceptivo para impugnar la consulta ante el Tribunal Constitucional.

Una vez aprobado el dictamen será enviado al Gobierno, que prevé dar luz verde al acuerdo de impugnación este viernes en la reunión del Consejo de Ministros. Además, tiene intención de solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de los actos recurridos, es decir, de la preparación y de «cualquier actuación vinculada a la consulta», convocada para el 23 de noviembre.

A estas alturas, una vez constatado el fracaso de las movilizaciones contra los sondeos del pasado sábado en las Islas, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández (PSOE), aseguró ayer que no espera «absolutamente a nada» respecto al informe solicitado al Consejo de Estado, y avanzó que este lunes se publicará el decreto que regula el funcionamiento de la consulta.

Frente a la «hoja de ruta» que sigue el Ejecutivo, los «movimientos sociales» contrarios a los sondeos han decidido desmarcarse y han adelantado que promoverán una consulta alternativa si no prospera la «oficial».

«Si no es a través del Gobierno de Canarias, lo haremos por nosotros mismos», subrayó el portavoz del Movimiento Canario contra las Prospecciones, Jerónimo Gómez, quien confió en que no sea el órgano político el que decida, sino que sea la propia Justicia. El «único» problema es que el PP «tumbe» la consulta, dijo Gómez a Efe. A su juicio, el rechazo a esta iniciativa sería un «varapalo muy grande», aunque se mostró «totalmente convencido» de que no les «van a poder quitar el derecho de poder opinar» .