Desmenuzando la consulta popular

En esas trapacerías podrán seguir la estela catalana, y la estelada con siete estrellas verdes, dilapidando unos dineros públicos que tanta falta hacen para mitigar el sufrimiento popular. Como es bien sabido, las decisiones de un gobierno, central o autonómico, son presentadas con la unanimidad de todos sus consejeros o ministros, sin tener en cuenta las opiniones que cada uno de ellos pudiera haber mantenido dentro de los consejos de gobierno, sobre cuyas deliberaciones están jurídica y éticamente obligados a guardar silencio. Por lo tanto no es una decisión exclusiva de Paulino Rivero, sino del pacto CC-PSOE, sus pompas y sus obras.

Por eso en la foto del día 3 de octubre publicada en la prensa están varios consejeros, en especial el vicepresidente José Miguel Pérez, siendo arropado por otras 17 personas. Total 19, las que cabían en el ancho de la foto. Es de suponer que algunos más querrían haber estado. Otros, tal vez, en posición de ni sí ni no, sino todo lo contrario, pues a ti, Paulino, te encontré en la calle y cargos, como las madres y con tarjeta negra, no hay más que uno. Las lealtades incondicionales y eternas serán para quien mande, no para con dos amortizados dirigentes.

La pregunta da por sentado que existe un modelo medioambiental y turístico que el gobierno de Madrid y los tribunales, no José Manuel Soria en exclusiva, quieren cambiar por otro. Es de suponer, en aras de esa transparencia tantas veces invocada pero que ni está ni se le espera, que la persona que vaya a votar sepa de qué modelos le están hablando y en qué aspectos se quieren modificar. Se supone que un voto responsable en democracia es la materialización en las urnas de una opinión informada, no debiendo ser la expresión de un vago sentimiento, presentimiento o miedo inducido por una propaganda y unos discursos incendiarios gubernamentales para condicionar al votante. Eso es práctica común en los totalitarismos.

Dejando ahora al margen que extraer petroleo, si lo hubiera, y desarrollar energías complementarias, que no con exactitud alternativas, son decisiones políticas no excluyentes, es evidente y obvio que en Canarias no existe un único «modelo» turístico, pues cada isla se ha desarrollado en este sector productivo de forma bien distinta, tanto en el tiempo como en la forma. En lo único que han coincidido las islas en en el exceso de regulaciones legales, no exentas de un intervencionismo irracional sobre las decisiones empresariales, a veces con apariencia de buscar consolidar privilegios «sostenibles» más que perseguir un crecimiento sostenible. Los casos de corruptelas urbanísticas, turísticas o no, están en la mente de casi todos los canarios y operadores o promotores, unas judicializadas y otras en lista de espera.

Sea como fuere, para los ciudadanos de a pie, es muy difícil saber exactamente lo que hay detrás de esta estrambótica pregunta, cuando quien por ley debiera ser y parecer neutral hace campañas y las financias en favor de una postura. Por supuesto que las gentes y los llamados «colectivos», compuestos por personas que con frecuencia se arrogan una amplia representatividad popular de la que carecen, pueden y deben promocionar su postura. Pero hacerlo con dinero público, utilizando la propaganda gubernamental tendenciosa, es harina de otro costal y una cosa que, cómo mínimo, es de ética más que dudosa. Pero en esas están.