Paulino Rivero convoca para el 23 de noviembre su consulta «contra» los sondeos petrolíferos

Pese a las advertencias del Gobierno de España, finalmente, el texto no ha recurrido a ninguna perífrasis que no mencione el fondo petrolero de la consulta, de manera tal que atañe de lleno a una competencia estatal y no autonómica como lo es la de autorizar prospecciones, ya reconocida no solo por el texto de la Carta Magna sino también por la ley de hidrocarburos y sentencias del Tribunal Constitucional contra el gobierno isleño.

Frente a la publicación este miércoles del decreto que regula, cuatro años después, la Ley de Participación Ciudadana de Canarias en la que se apoya Rivero para la consulta y el anuncio de la fecha y el texto de la pregunta, se estima que el Gobierno de España impugnará al Tribunal Constitucional la convocatoria, con lo que quedaría suspendida.

En la consulta popular podrían participar las personas físicas residentes en Canarias y las personas jurídicas que se apunten en el registro de participación ciudadana. El ejecutivo canario ha rebajado hasta los 16 años la edad mínima para participar y constituirá un cuerpo que haga las veces de junta electoral, compuesto por tres funcionarios y tres voluntarios elegidos entre quienes se inscriban para la consulta.

El propio presidente Rivero ha evitado toda neutralidad en la convocatoria de esta consulta, ya que no ha dudado en denominarla «contra las prospecciones» petrolíferas, tal y como escribió en su cuenta de Twitter el 2 de septiembre.

La respuesta no ha tardado en llegar. El ministro de Industria, el también canario José Manuel Soria, advirtió minutos después de que «el Gobierno actuará en consecuencia» si la comunidad convoca la consulta, aunque dijo desconocer aún el contenido de la pregunta, según afirmó tras participar en la asamblea general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), en Barcelona.

«Cualquier comunidad, en el ámbito de sus competencias, puede consultar a los ciudadanos, pero no puede consultar sobre algo que no le compete. Si hubiese una consulta sobre una cuestión que no compete a la comunidad de Canarias, no sería conforme a derecho, y por lo tanto sería ilegal y el Gobierno actuaría en consecuencia», añadió.

La plataforma petroleoencanarias.es , por su parte, dijo no entender «la estructura ni la composición» de la pregunta, ya que «asume que realizar una actividad de prospección supondrá un cambio de modelo», además de reclamar imparcialidad en el texto, ya que entienden está dirigido a que la respuesta sea «no».