El Diputado del Común reprueba la gestión de los puntos de encuentro familiar

En las conclusiones de su exposición, Saavedra explica que la regulación de los puntos de encuentro familiar en el Archipiélago es «dispersa e incompleta». El ex-PSOE (tuvo que dejar la militancia para acceder al cargo) recuerda que el desarrollo de las normas al respecto es «fundamental» para concretar cuestiones como quién puede atender al usuario, en qué condiciones, con qué medios o recursos...

El también exministro y exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria reparó en su investigación en que Canarias es una de las autonomías que tienen más necesidad de una red de puntos de encuentro. Y ello por las características de su población infantil y juvenil, por los «elevados» porcentajes de familias en las cuales se ha producido una ruptura (familias con hijos a su cargo) y por superar la media estatal de víctimas de la violencia machista que precisan de órdenes de protección y/o de medidas cautelares a su favor. Esto no ha evitado, sin embargo, que las aportaciones económicas de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, la autoridad competente en la materia y que desde 2011 dirige el socialista Francisco Hernández Spínola, se hayan reducido «ostensiblemente» desde 2009.

El informe del Diputado del Común, sobre la base de datos del período 2007-2013, revela que fue en 2009 cuando la aportación económica del Ejecutivo de la región llegó a su máximo: casi 524.000 euros. Desde entonces, esta «ha disminuido de manera considerable»: solo 100.000 euros el año pasado. Este decremento ha desembocado en el cierre de puntos de encuentro «por carencia de recursos económicos y, por ende, humanos y materiales».

Jerónimo Saavedra también hace hincapié en que el Gobierno que preside Paulino Rivero no ha cumplido la obligación de establecer estos recursos sociales «en cada una de las siete islas», tal como determinan los preceptos normativos. Es más, agrega, los habitantes de las islas no capitalinas no han disfrutado de este servicio, de modo que «se ha producido una desigualdad de trato».

Por si fuera poco, el Defensor del Pueblo canario asegura que la inspección y el control de los puntos de encuentro familiar por el Ejecutivo del Archipiélago es «desigual o inexistente».