El Diputado del Común acusa a Tributos de «entorpecer» su labor

En una resolución a tal efecto de este 24 de abril, la institución advierte a la citada Dirección General de que en caso de que no cumpla con su obligación legal de enviar la documentación, se le podrá declarar «obstruccionista y entorpecedor» de la labor del Diputado del Común ante el Parlamento de Canarias y pondrá el asunto en conocimiento del Ministerio Fiscal, acción esta tipificada en el Código Penal, por si la omisión de respuesta incurre en un posible delito de desobediencia.

Se trata de 15 días naturales a contar desde el día 24, y si la documentación no llega en el plazo fijado, la resolución tocará las puertas de la Cámara la próxima semana y después a las de la Fiscalía, según confirmaron fuentes de la oficina del Diputado del Común.

No es la primera vez que al Gobierno canario se le afea su «actitud», como reza la resolución, en su trato con el Defensor del Pueblo o Diputado del Común, como se le denomina en las Islas. Sólo cabe recordar que en febrero Soledad Becerril, dando cumplimiento a la normativa que rige el organismo que representa, dio traslado a la Fiscalía de las no contestaciones de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, que dirige la lanzaroteña Inés Rojas, y del Ayuntamiento de Teguise, gobernado por CC y PSOE.

Aunque Rojas restó importancia al hecho y expresó su disposición a contestar, ahora ha tenido que ser el Diputado del Común el que dé un ultimátum a otro departamento autonómico, pilotado por Alberto Génova y dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, que dirige Javier González.

Este aviso se produce en las mismas fechas en que Jerónimo Saavedra presentó en el pleno de la Cámara su informe del año 2013, que deja constancia del «desprecio» al ciudadano por parte de las administraciones canarias por la falta de respuestas. Ante el panorama retratado en dicho informe, el portavoz parlamentario del PSOE, Manuel Fajardo, le animó a denunciar ante el Ministerio Público los casos de obstruccionismo, como hace el Defensor del Pueblo.

«Las administraciones canarias tienen la obligación de colaborar y de remitirnos los expedientes y la documentación que les solicitemos» en el marco de su investigación, recuerdan fuentes de la oficina del Diputado del Común. La falta de respuesta de Tributos o la remisión de una contestación estándar, tanto a los ciudadanos que reclaman como al Diputado del Común, es una novedad de este año.

«Hace un año contestaban rápido y ahora se están saliendo por la tangente. Han cambiado el criterio y están colapsando el área», constatan las mismas fuentes. La oficina acumula ya unas catorce quejas sobre temas fiscales y la respuesta de Tributos para no remitir la documentación requerida es que se trata de datos personales, sometidos a la Ley de Protección de Datos, lo que les impide remitirles, entre otros, la identidad del propio reclamante.

Sin embargo, desde la oficina del Diputado del Común se subraya que esta ley ya contempla este supuesto y permite facilitar los datos a la institución, aunque se tengan que borrar los datos de terceros que pudieran verse afectados. Máxime cuando el propio autor de la reclamación es quien acude al Diputado del Común en busca de una respuesta.

«Nosotros insistimos mucho en que se conteste a los ciudadanos porque o se les responde negativamente o no se les responde, que es lo más habitual», recalcan.

Por otra parte, la oficina ha optado por unificar en una única resolución ocho quejas para evitar otras tantas resoluciones. Giran en torno al cobro de un impuesto que el reclamante no entiende o también sobre cuestiones más espinosas como el embargo de una cuenta y el implicado no sabe por qué, al desconocer el concepto tributario aplicado. Con todo, desde la institución con sede en La Palma confían en que Tributos «reaccione».