La gestión de las multas por infracciones, clave en la trama de la Policía Canaria

Una multa por escándalo en la vía pública ronda los 100 euros, pero esta cifra puede ascender a 300 si se trata de peleas o de resistencia a la autoridad. Son todas estas actuaciones que se encuadran dentro de la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana, que rige, por ejemplo, en espectáculos públicos como el Carnaval, donde se produjo el hecho que desencadenó estas actuaciones.

Una presunta vía para justificar la existencia del cuerpo y de financiación, a partir de «inflar» actuaciones y denuncias, es la que ha investigado la Guardia Civil en el marco de la llamada «operación Ladrillo», de la que este lunes informó ABC .

En ella, la Benemérita detuvo entre los pasados días 11 y 14 a diez efectivos de la Policía Autonómica Canaria, entre ellos los dos jefes provinciales. Ambos, que ya han sido puestos en libertad, aunque con cargos, fueron imputados por delitos de falsedad documental y «contra la integridad moral en el ámbito laboral» («mobbing»). Además, a uno de ellos se le imputa también el delito de detención ilegal.

El Gobierno de Canarias esperará a que la Justicia dé por finalizado el secreto de sumario para pronunciarse respecto de la «operación Ladrillo», aseguraron a ABC fuentes del Ejecutivo autonómico.

De modo que, de momento, la consigna es guardar cautela: «Se esperará a que se levante el secreto de sumario, y cuando se disponga de toda la información, el Gobierno hará las consideraciones oportunas».