Detenidos los dos jefes provinciales de la Policía Canaria por tres posibles delitos

El detonante de los arrestos efectuados por la Guardia Civil (que también detuvo a otros siete efectivos del cuerpo autonómico, incluido un oficial) tuvo lugar en los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, según ha podido saber este diario de fuentes cercanas a la investigación, que se halla en secreto de sumario.

En concreto, los hechos que han puesto en solfa a la siempre discutida Policía Canaria se desencadenaron el día 10 tras la detención de M. Á. S. M. en el parque de Santa Catalina de la capital grancanaria, lo que dio lugar a una investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas por un posible delito de detención ilegal. Esta posible detención ilegal fue puesta en conocimiento del juzgado por varios de los miembros de la Policía Canaria, lo que también daría lugar, tras la investigación y las escuchas teléfonicas, al susodicho y presunto delito de «mobbing». Fue este el comienzo de la «operación Ladrillo».

En el marco de la operación, que arrancó con aquella detención ilegal que denunciarían varios miembros del cuerpo (miembros que participaron de esa supuesta detención ilegal y que dieron parte a la Justicia después), el caso llegó a manos de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, a fin de esclarecer posibles delitos de detención ilegal, falsedad documental y de ataque a la integridad moral en el ámbito laboral. Asimismo, trata el juez de aclarar si se están «produciendo disfunciones en las funciones encomendadas a la Policía Autonómica de Canarias por delitos contra la libertad, o entre sus funcionarios».

A raíz de la investigación, la Benemérita detuvo entre lunes y jueves de la semana pasada a los dos jefes provinciales del cuerpo autonómico, los citados Rafael Mesa Mendoza y Carmelo Martín Sosa Déniz; al oficial José David Moreno Galván; y otros siete policías (H. L. C., F. P. G., D. P. M., J. E. V. G., F. M. P., R. J. M. y L. J. R. M.). Antes de las detenciones, el juez había ordenado la intervención de los teléfonos, una decisión que resultaría clave para los fines de la investigación judicial.

La investigación, por la que han sido llamados a declarar 17 agentes y un vigilante de seguridad privada de una de las bases del cuerpo, trata también de arrojar luz sobre la posibilidad de que exista un posible afán recaudatorio en la labor policial.

Fuentes cercanas a los mandos imputados atribuyen a una «persecución política» todas las actuaciones, que no ven como centradas en un caso particular, sino en una «causa general» contra la policía autonómica canaria.