Investigan por presunta corrupción la compra de dos cuadros de Goya

El juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza lleva meses tratando de desentrañar la trama, que apunta directamente a la que fue candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón en las últimas elecciones autonómicas, las de 2011, Eva Almunia. Fue secretaria de Estado de Educación del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y, antes, estuvo al frente de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno aragonés que presidía Marcelino Iglesias. Almunia es esposa de Carlos Eso, ex alto cargo del PSOE aragonés, miembro también del gabinete de Iglesias y uno de los principales imputados por el caso del saqueo de la empresa pública Plaza, de la que fue consejero delegado.

Precisamente el caso de los cuadros de Goya y el caso Plaza se entrecruzan. Y no solo por el vínculo marital entre Almunia y Esco, sino porque Plaza sirvió también de intermediaria para el multimillonario desembolso de fondos públicos del Gobierno aragonés que se destinaron a comprar esos goyas por los que, según la Fiscalía, se sospecha que se pagaron precios muy superiores a los de mercado. Las adquisiciones se hicieron entre 2006 y 2008.

La empresa pública Plaza constituyó también una fundación, y a través de ella se financió parte de la operación de compra-venta de estos Goyas. El Gobierno aragonés pudo haberlos comprado directamente, pero optó por utilizar intermediarios internos. Parte del dinero que acabó en la compra-venta se lo dio el Gobierno aragonés a Plaza, acabaron en su fundación y de ahí a los vendedores.

Por esos cinco cuadros, el Gobierno de Aragón pagó 13,6 millones de euros. La Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) denunció que se había pagado por encima del precio real, la Fiscalía confirmó los indicios y el caso acabó en el juzgado, el mismo que interviene también en una de las causas por el saqueo de Plaza.

A qué bolsillos fueron a parar esos millones es todavía una incógnita, mientras la Justicia trata de desentrañar dos elementos más: si hubo un sobreprecio injustificado y punible; y si la operación sirvió para desviar fondos de forma corrupta con la derivada del blanqueo de capitales.

El último paso que se ha dado es pedir la colaboración a las autoridades británicas. Todo eso para esclarecer por completo el rastro de una de las cinco operaciones de compra-venta, la del cuadro «La letra con sangre entra», que se guarda ahora en el Museo Provincial de Zaragoza. Sospechosamente se disparó el precio: en 2004 una galería lo ofreció por 1,3 millones de euros, y no lo vendió. El 4 de marzo de 2008, otra se lo ofreció al Gobierno aragonés por 2,5 millones, casi el doble, y el Ejecutivo de Iglesias no dudó en comprarlo.

De las pesquisas realizadas hasta ahora se ha podido determinar que esos 2,5 millones los ingresó el Gobierno aragonés en una cuenta de La Caixa. Su titular, sin embargo, no era el destinatario final, era supuestamente un mero intermediario. El dinero se transfirió luego a una cuenta de Londres, y el reto ahora es seguir el rastro hasta dar con el destinatario final del multimillonario traspaso.

El otro goya adquirido fue «Retrato de Don Luis María de Borbón y Vallabriga», en el que intervino la fundación de la empresa pública Plaza y por el que se pagaron en total 10 millones de euros.

Se sospecha que se abonó un precio superior al real de mercado, sospecha que se extiende también a los otros tres cuadros comprados en aquellos años, de otros artistas, por los que se abonaron algo más de un millón de euros.