El saqueo del «caso Plaza» en Aragón se eleva a más de 200 millones de euros

Plaza S.A. era la «joya de la corona» del entremado empresarial tejido desde que Marcelino Iglesias (PSOE) llegó al poder, en el verano de 1999, y esta sociedad pública era estrechamente tutelada desde la cúpula del Gobierno autónomo. Sin embargo, ni el PP ni el resto de partidos ha considerado de interés que Iglesias acudiera a dar explicaciones a la comisión de investigación que empezó a funcionar en las Cortes regionales la pasada primavera y que está a punto de concluir sus trabajos.

Y eso que cuanto más se profundiza en el asunto más viscoso se muestra el trasiego de fondos públicos que hubo en esa empresa pública, sumida en una ruina económica. Los propios informes de los directivos nombrados por el acutal Gobierno aragonés apuntan a que, en total, se desviaron más de 200 millones de euros, el doble de lo que se había detectado hasta ahora en la investigación que dilucidan varios juzgados y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Hubo irregularidades manifiestas, beneficiaron a unas empresas concretas y éstas sirvieron de canal para derivar dinero público en abundancia para acabar, como mínimo y entre otros destinos, en manos de particulares. Se emitieron facturas por movimientos de tierras que, de haberse producido, habrían sido equivalentes a haber excavado seis metros de profundidad una superficie de seis campos de fútbol, obras que en realidad no se hicieron pese a haberse pagado como hechas.

Otro ejemplo de irregularidad que se ha detectado es que, hasta el año 2011 y desde el 2005, Plaza realizó pagos millonarios a la consultora Intecsa-Inarsa sin que hubiera un contrato firmado entre esta empresa y la sociedad pública.

Respecto a los desfases en la urbanización de los terrenos, adjudicada a la unión temporal de empresas formada por Acciona y por la firma local MLN (Construcciones Mariano López Navarro), los informes de la actual dirección de Plaza S.A. concluyen que ascendieron a 151 millones de euros. Se adjudicaron por 146 millones y se acabaron pagando 397,25 millones. Un desfase de 151 millones, un desvío del 171%. No se han encontrado obras que expliquen un desfase de ese calibre.

A esos más de 150 millones se añaden otros 50 que fueron desviados irregularmente con otras edificaciones encargadas desde la cúpula de la empresa pública Plaza.