Una empresa pública controlada por el PSOE defraudó más de dos millones de euros a Hacienda

Se corresponde precisamente con la etapa en la que se extendió la presunta trama de corrupción en esta sociedad, creada por el Gobierno aragonés que presidió el socialista Marcelino Iglesias, actual portavoz del PSOE en el Senado. Plaza era la «joya de la corona» del entramado público empresarial promovido por el Ejecutivo de Iglesias y estaba bajo control directo de la Administración socialista. El Gobierno aragonés es el máximo accionista, y también aparece como socio el Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido en todo este tiempo también por el PSOE.

Según la información a la que ha tenido acceso ABC, en 2009 la Agencia Tributaria abrió una inspección a Plaza tanto por el impuesto de sociedades como por el IVA. Por el tributo de sociedades, los inspectores de Hacienda cifraron la cantidad eludida por esta empresa pública en 3,06 millones de euros entre los años 2005 y 2008, a la que se sumaban los 388.000 euros que reclamaba la Agencia Tributaria en concepto de intereses por esa deuda fiscal que había detectado.

El 16 de febrero de 2010 se emitieron actas con las que la sociedad pública se mostró disconforme. Presentó alegaciones ante la Agencia Tributaria, pero sus argumentos no colaron y se mantuvo la acusación desde la Agencia Tributaria. Aunque los inspectores aceptaron reducir levemente la cantidad que reclamaban, consideraron probado que Plaza S.A. había dejado de liquidar a Hacienda, por el impuesto de sociedades, un total de 2,38 millones de euros. Convirtió en firme la reclamación de toda esa cantidad de dinero y, además, otros 230.000 euros en concepto de intereses. En total, 2,61 millones de euros que la Agencia Tributaria sigue exigiendo que le pague esta sociedad mercantil creada y controlada por el Gobierno aragonés.

Fue otra de las envenenadas «herencias» que le dejó el Ejecutivo de Iglesias al gabinete de Luisa Fernanda Rudi cuando ésta tomó las riendas del Gobierno de Aragón, en julio de 2011. El entramado público empresarial, en sí mismo, era —y lo sigue siendo— una auténtica losa financiera para el Ejecutivo autónomo que salió de las urnas en las elecciones de mayo de 2011. Y, en particular, las cuentas de la Plataforma Logística, lastrada ahora por la pesada sombra de la corrupción que investigan los jueces y por las multimillonarias pérdidas que esta empresa pública sigue arrajando año tras año.

En el caso del fraude por el impuesto de sociedades, el nuevo equipo de Rudi optó por quemar un último cartucho antes de plegarse a pagar: recurrió la deuda reclamada por los inspectores de la Agencia Tributaria. En un primer momento, Plaza lo había intentado ante Hacienda, ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), pero éste —en noviembre de 2012— desestimó la propuesta planteada desde esa sociedad pública. Tras este nuevo revés, presentó un recurso judicial para intentar eludir esa deuda tributaria, pero el asunto sigue pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional.

En cualquier caso, ante la más que probable condena, la sociedad pública Plaza ha optado finalmente por reservar específicamente en sus cuentas una provisión de fondos para poder hacer frente a los 2,6 millones de euros que le reclama la Agencia Tributaria.