Las víctimas de la tragedia de la Discoteca Flying, sin indemnización 24 años después

Han pisado los juzgados de todas las jurisdicciones posibles: la penal, la civil y la contencioso-administrativa. Unas, sin resultado. Otras, dándoles la razón pero viendo cómo quienes eran condenados a indemnizarles para pagar su culpa no lo hacían.

Mantenían un último hilo de esperanza: que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno aragonés, como administraciones responsables en materia de licencias y del cumplimiento de las normativas de seguridad y contra incendios, fueran declaradas corresponsables de lo ocurrido. Han defendido con insistencia la tesis de que el local no estaba convenientemente acondicionado. Sin embargo, los tribunales han entendido que, en estos 24 años transcurridos, no se han aportado pruebas de cargo suficientes como para condenar al Ayuntamiento y al Gobierno aragonés. Hace un par de semanas, la Audiencia de Zaragoza dio carpetazo a esta última vertiente que se mantenía viva en los juzgados por parte de un puñado de familias de víctimas de la discoteca Flying. El resto se dieron por rendidas hace años.

En la madrugada de aquel 14 de enero, los sistemas eléctricos ardieron y la combustión se propagó con rapidez ayudada por los materiales que recubrían paredes y falsos techos. El encargado del local —que se salvó— no dio la voz de alarma a tiempo, ocultó lo que ocurría durante unos minutos: demora mortal. Cuando el incendio fue notorio para los clientes, ya era tarde. La escalera de emergencia quedó bloqueada rápidamente por el fuego y los materiales desprendidos, poniendo en evidencia las carencias del diseño. Durante unos instantes, la única escapatoria fue el acceso ordinario del local. En ella se agolparon quienes trataban de ponerse a salvo a la carrera. Unas 80 lo lograron; 43, no. Algunos murieron aplastados en la apresurada desbandada, otros por el incendio en sí.

El primer juicio, en 1992, no encontró culpa alguna en lo ocurrido. Los afectados recurrieron, y en 1993 el que era encargado de la discoteca, Francisco Lacruz, y el dueño, Faustino Martínez, fueron condenados a indemnizar a las familias de las víctimas con unos 200 millones de pesetas de las de entonces. Martínez fue declarado responsable civil subsidiario. Pero las familias jamás vieron ese dinero. Siguieron luchando, pero les llegó un segundo mazazo en el año 2002, cuando Faustino Martínez fue condenado a dos años de prisión por insolvencia fraudulenta, por haber desviado sus fondos y sus propiedades para eludir el pago de las indemnizaciones, como efectivamente ha ocurrido.

En diciembre de 2012, las 17 familias que aún persistían en busca de justicia. Visto que el dueño no cumplía, exigieron de nuevo contra el encargado de la discoteca, Francisco Lacruz. Y se condenó a éste a hacerse cargo de las indemnizaciones, a razón de 60.000 euros por cada víctima y de 240.000 para una mujer que sobrevivió con gravísimas heridas que le provocaron la amputación de una mano. Pero esas indemnizaciones tampoco las han visto. Esta condena judicial le llegó a Lacruz cuando ya llevaba diez años muerto. La sentencia indicó que las indemnizaciones debían asumirlas sus herederos, pero no había ni rastro de ellos, según reconoció el propio tribunal.

El último asidero judicial de los afectados era actuar contra el Ayuntamiento y el Gobierno aragonés, entendiendo que no cumplieron eficazmente su deber de control de una discoteca a la que dieron todas las licencias pero que, en cuestión de minutos, se confirmó una mortal ratonera. Estas administraciones ya habían salido indemnes en este largo caso judicial, y al final, también. La Audiencia Provincial acba de dar el carpetazo definitivo.