Pena de telediario

Esta semana hemos vivido dos casos. El más notorio, el de José Antonio Monago, que ayer dio un giro. Nadie había acusado a Monago de haber cometido ningún delito. Y, sin embargo, en los últimos días se decretó su ejecución pública por haber hecho uso de una prerrogativa de la que disponen todos los parlamentarios nacionales y europeos. Celebro saber que el señor Monago se pagó de su bolsillo los viajes a Canarias que eran de carácter privado. Pero nada hubiera yo objetado a que esos viajes los hubiera pagado el Senado. Es decir, usted y yo con nuestros impuestos. Nuestros parlamentarios, que representan a todos los españoles y no sólo a los de la circunscripción por la que fueron elegidos, no deben conocer la realidad de España sólo estudiando informes o reuniéndose en comisiones parlamentarias para estudiar la viabilidad de la alcachofa murciana. La realidad de España se conoce mucho mejor en viajes privados que en viajes oficiales. Mucha gente confiesa sus circunstancias con más franqueza a un don nadie que a un diputado –y en estos tiempos, ni digamos–. Un representante de la soberanía nacional lo es en todo momento. También cuando viaja con su familia o con su novia.

Sucede, además, que los parlamentarios españoles están entre los peor pagados de la Unión Europea. Está muy bien contrastar su sueldo con el salario medio nacional y decir que no están, comparativamente, tan mal remunerados. Pero la realidad es que vamos camino de lograr que a la política sólo se dedique el que no valga para otra cosa o el que sea rico por su casa y sea indiferente al escrutinio público de su vida privada –o sea, un tipo verdaderamente muy raro.

El segundo caso de la semana es el del comisario Carlos Salamanca. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa abierta contra el comisario del aeropuerto de Barajas que fue acusado de connivencia con las mafias chinas para introducir en España a ciudadanos asiáticos. La «pena de telediario» de Salamanca también fue intensa. La sentencia dice ahora que Asuntos Internos de la Policía acusó al comisario con «indicios inocuos, que ni siquiera poseen apariencia delictiva». Con la verdad judicial del caso Salamanca delante, parece legítimo sostener que estamos inmersos en tal grado de paranoia que hasta Asuntos Internos de la Policía puede acabar con el buen nombre de un compañero por «indicios inocuos». ¿Cómo se restablece el honor de ese comisario?

España tiene un problema de corrupción, sin duda. No tan grave como en muchos otros países de Occidente, pero serio en todo caso. Pero también tenemos un sistema judicial que funciona. Y el único beneficio que otorga al corrupto es la dilación de los procesos que aleja en el tiempo las condenas y el cumplimiento de penas. Pero la totalidad de quienes manchan sus manos con ese tipo de casos saben que, cuando son descubiertos, antes o después les llega la hora de rendir cuentas. Lo preocupante es que en España siga existiendo una «pena de telediario» que no está tipificada en el código penal, que no imponen los jueces y que progresivamente mina la credibilidad de todo el sistema democrático.