La votación de una nueva constitución divide profundamente a los chilenos

Los chilenos concurrirán a las urnas el domingo para aprobar o rechazar el texto elaborado durante un año por la Convención Constitucional (CC). Mientras, los políticos que defienden una y otra opción multiplican sus conversaciones para abrir nuevos espacios de debate y acuerdos que permitan dar con un texto que realmente concite un apoyo mayoritario de la población.

El borrador de la nueva carta magna, que plantea una profunda refundación de Chile, simplemente no ha logrado que, incluso sus defensores, estén conformes con lo realizado y por ello, para asegurar su aprobación se han abierto a reformarla apenas sea promulgada.

El texto presentado el pasado 4 de julio restringe las facultades del presidente y entrega un gran poder al Congreso de Diputados; elimina el Senado y lo sustituye por una Cámara de Regiones con muchas menos facultades; termina con el llamado 'Estado subsidiario' (el sector público sólo produce ciertos bienes y servicios cuando no hay privados comercializándolos) y crea uno de derechos sociales y solidario; establece la plurinacionalidad y autonomía de los territorios indígenas; y crea dos sistemas de justicia, uno para los pueblos aborígenes y otro para los demás chilenos.

Desde diciembre de 2021, las encuestas señalan de manera consistente que la propuesta constitucional cuenta con el rechazo de cerca del 45% de la población. Aunque Chile se encuentra actualmente en fase de silencio demoscópico (lo que impide publicar sondeos de opinión) los últimos estudios conocidos siguen marcando casi 10 puntos de ventaja del 'no' sobre el 'sí', tendencia que no se ha revertido en los casi 60 días de la campaña que se ha desplegado.

Si bien el porcentaje de indecisos en esos sondeos es alto y por eso nadie puede dar por seguro al ganador, es un hecho que el gobierno de Gabriel Boric reconoce la posibilidad de que la aprobación no se produzca y en las últimas semanas ha dado importantes giros que dejan entrever su preocupación por el resultado final, según diversos analistas políticos.

La incertidumbre sobre la votación se asienta no solo en que en el pasado las encuestas han fallado, sino en que el voto en este referéndum es obligatorio por primera vez en 33 años para todos los mayores de 18 años: 15.076.623 de personas en Chile y 97.234 en el extranjero. No hay, por lo tanto, comicios precedentes con los que proyectar la participación electoral, ya que en la segunda vuelta presidencial de diciembre de 2021 votaron solo ocho millones trescientas mil personas.

Antes de que se conociera el texto definitivo del borrador constitucional, múltiples voces empezaron a criticar aspectos fundamentales. Hasta el expresidente socialista Ricardo Lagos señaló que el texto no es el que se merece Chile.

En este estado de opinión ha influido el descrédito y desconfianza generalizada sobre los redactores (unos mostraron poco respeto a los símbolos nacionales, otro votó telemáticamente mientras estaba en la ducha), pero también se han sumado errores materiales que fueron detectados con la lectura del texto. El más llamativo es el artículo 116 que señala las causas para perder la nacionalidad, y que dice textualmente «la cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude» lo que es un sinsentido. Solo un 19 por ciento expresa un apoyo incondicional a la propuesta.

Desde julio la oposición ha postulado «rechazar para reformar», cuestión en la que se comprometieron los partidos de derecha. En la centroizquierda, algunas voces moderadas defendieron tempranamente por «aprobar para mejorar», pero aun así muchos líderes de la exConcertación, la alianza que gobernó Chile entre 1990 y 2010, se han manifestado abiertamente por el rechazo, asegurando que de ser aprobado el texto será muy difícil modificarlo. Entre estos se encuentran el expresidente Eduardo Frei, dos senadores de la Democracia Cristiana que hoy enfrentan una petición de expulsión de sus filas, y exministros de los gobiernos de Lagos y Michelle Bachelet como Andrés Velasco o Soledad Alvear, que han pasado a formar el grupo de los 'Amarillos por el Rechazo'.

El exdiputado concertacionista Pepe Auth señaló a ABC que el gran problema de la aprobación es que el texto ha quedado muchos metros más a la izquierda de la posición más moderada que el propio presidente Gabriel Boric adoptó en la segunda vuelta y le permitieron ganar en diciembre a un candidato de derecha populista, José Antonio Kast.

Para Auth, que afirma que el rechazo se impondrá por un 54% el domingo, el hecho de que ambas opciones «queden en pie, o sea un país dividido en mitades, hará que todos se vean obligados a negociar y redactar un texto que concite apoyo mayoritario».

La senadora democristiana Ximena Rincón, que impulsó y logró que el Congreso aprobara hace unas semanas una reforma a la constitución vigente para facilitar una nueva hoja de ruta si el borrador propuesto es rechazado, aclaró a ABC que lo que se buscará, a partir del 5 de septiembre, es redactar un nuevo texto usando como base el proyecto de constitución presentado por Bachelet en 2018 y la propuesta de la CC, de la cual se pueden rescatar muchos elementos. «Va a haber una nueva convención con un mandato muy claro, con menos miembros y menos tiempo», apuesta Rincón si gana el rechazo.

La senadora dijo no creer que, de ganar el 'sí', el Frente Amplio y el Partido Comunista se abran a mejorar el texto porque «tiene tantos candados que lo hace inviable».

Desde fines de julio el presidente, su gobierno y partidos que lo apoyan han ido cambiando sucesivamente de posición ante las pobres expectativas de la aprobación. Así, de llamar a apoyar la propuesta, Boric se abrió a la tesis de aprobar para mejorar y mandató a uno de sus ministros a iniciar un diálogo que se plasmó, con mucha dificultad el 11 de agosto, en un acuerdo entre el Socialismo Democrático (PS y PPD) y Apruebo Dignidad (Frente Amplio y PC) y en donde se definieron los capítulos a modificar.

Sin embargo, en los últimos días la conversación ya gira en torno a qué mecanismo se utilizará para redactar un nuevo texto y Boric defiende la necesidad de convocar a una nueva convención.

La exministra de la Concertación Carolina Tohá reconoció a este diario que quienes creen que el borrador propuesto avanza en el sentido correcto deberían estar abiertos «a resolver cualquier ruido», pero preservar su corazón. Añadió que efectivamente, las aprensiones que hay frente al texto están muy instaladas y han calado muy hondo porque la conducta de los convencionales las reforzó.

Agregó que si hoy el gobierno se ha abierto a la posibilidad de reiniciar el proceso si triunfa el rechazo, es debido a un necesario sentido de responsabilidad pues «tiene la obligación de asegurar que ello no conduzca a una calamidad… el gobierno no puede apostar al todo o nada, no tiene derecho a hacer eso». Para Tohá está claro que, cualquiera sea el resultado, se «van a generar dos grupos que van a tener que buscar un entendimiento post 4 de septiembre».

Y es un secreto a voces que el presidente Boric modificará su gabinete tanto para asumir la nueva etapa como para hacer control de daños si gana el rechazo.