«Me torturaron para implicar a mi padre y a líderes opositores en un golpe contra Maduro»

En su intento por recabar pruebas contra el coronel, el régimen detuvo a su familia. García Padilla relata a ABC, durante una entrevista en Madrid, que él y su familia fueron trasladados a un centro clandestino donde les torturaron. Recuerda como «un grupo de 40 personas, pertenecientes al Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), armadas y con la cara tapada se acercaron a nuestra casa buscando a mi padre. Al no encontrarle nos llevaron a mi madre y a mí a una de las casas de tortura. Más tarde llevaron allí a mis primas, y lo intentaron con mi hermana, que logró escapar», señala.

A continuación, Oswaldo detalla las torturas que sufrió durante cuatro días: «Me dieron golpes, me pusieron una bolsa en la cabeza, activaron una bomba lacrimógena dentro y cerraron la bolsa hasta que me desmayé, eso pasó varias veces», rememora el joven, que incluso llegó a hacerse sus necesidades encima «por el estado de 'shock'». También le patearon «con las botas militares» y «recibí descargas eléctricas».

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Pero aquello no fue lo peor. Más dolorosas resultaron las torturas psicológicas: «Yo era el único hombre de mi familia allí, y me amenazaron con que las iban a violar, a matar... si yo no colaboraba». Oswaldo se sentía como «una hormiguita que no podía hacer nada ante el Estado. Esa era una de las peores cosas que yo he vivido», admite.

La colaboración consistía «en decirles dónde estaban las armas, que según ellos tenía mi padre; o con quién estaba hablando. Querían que yo forzara un testimonio diciendo que estaba con Julio Borges, con María Corina (Machado), (Antonio) Ledezma..., con quien fuera. Personas a las que yo no conocía personalmente. Le decía que no sabía nada de eso, y aquello les frustraba. Buscaban vincular a los políticos (opositores) con mi padre», relata.

Tras ser liberados, la familia tomó la decisión de abandonar Venezuela, lo que hicieron «por la trocha» para llegar a Colombia», pues tenían miedo de ser detenidos en el aeropuerto. Actualmente viven exiliados en Canadá.

Los testimonios de Oswaldo García Padilla y su familia se suman al de decenas de víctimas de tortura que forman parte de la denuncia presentada por el Instituto Casla contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017. «La Corte está investigando desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias, represión y persecución contra grupos minoritarios, como es el caso de Vente Venezuela (movimiento fundado por la líder opositora María Corina Machado)», explica a ABC Tamara Suju, directora del Instituto Casla.

El proceso del CPI comenzó en noviembre 2021, pero se detuvo en abril de 2022, cuando el Gobierno venezolano solicitó a la corte remitirse a las investigaciones del propio Estado. Esta petición puso automáticamente en suspenso la investigación de la CPI, que fue retomada en junio de este año al no haber cumplido el régimen chavista su compromiso. «No presentó ningún tipo de investigación sobre la cadena de mando, por lo que se permitió a la Fiscalía de la CPI seguir con la investigación», afirma Suju. Venezuela no estuvo de acuerdo y presentó una apelación: «Tratando de paralizar el proceso», asegura la directora del Instituto Casla. Algo que no logró, pues siguió adelante mientras se revisaba la apelación, que fue vista en audiencia la semana pasada. «Entonces la sala de apelaciones escuchó a ambas partes». En la sala estuvieron presentes varias ONG y familiares de algunas de las víctimas, como el policía que desafió a Óscar Pérez.

Durante la audiencia, «el régimen no pudo defender» sus argumentos. «Intentó alargarla hablando de las traducciones –enviaron la documentación en español, cuando debían hacerlo en inglés o francés, los idiomas de la corte–». Según Suju, el régimen alegó que había presentado más de 700 casos, de los que había investigado 143, pero sólo cuatro estaban resueltos. «Y en ninguno de ellos está acusada una sola persona de la cadena de mando», liderada por Maduro, como jefe del Ejército. «El argumento del régimen es que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad, porque no hay sistematización ni planificación que se pueda demostrar. Por lo que los crímenes que se hayan cometido se pueden juzgar como crímenes normales, pero no de lesa humanidad», denuncia Suju.

Argumentos que rechaza la Fiscalía de la CPI, que afirma que «sí ha habido planificación y sistematización». Según Suju, lo que está haciendo el Gobierno venezolano es perseguir algunos casos «en los que agarran a dos o tres persona, que estaban en la calle, los enjuician y los meten presos. Y justifican así que están haciendo justicia». Si los jueces reconocen los argumentos de la apelación, el proceso volvería a detenerse; si no lo hacen, este seguirá.

Cuestionada sobre si las negociaciones de EE.UU. con el régimen podrían interferir en el proceso, Suju afirma que si bien la intención de Maduro es paralizar la investigación de la CPI y poner una mesa de negociación, «la corte no tiene nada que ver con EE.UU., con Barbados o con las negociaciones. La Fiscalía de la corte ha demostrado el interés por encima de todo para avanzar. ¿Qué más hace falta para demostrar que se han cometido crímenes de lesa humanidad?», se pregunta la directora del Instituto Casla, que afirma que el régimen sigue reprimiendo aunque esté en curso esta investigación.

«Ahí está el coronel García Palomo, víctima de crímenes de lesa humanidad reiterada; está incomunicado, es víctima de tortura blanca. También hace poco dejaron a un estudiante invidente. El régimen no puede evitar reprimir porque se le va el país de las manos. Para mantener el control necesita a los organismo de inteligencia (Dgcim y Sebin) y policiales que continúen reprimiendo. Es un régimen criminal que está instaurado para resistir», subraya.

«Si algún opositor o gobierno trata de poner el proceso de la CPI en la mesa de negociación lo denunciaré por cómplice»

Tamara Suju

Directora del Instituto Casla

Y se muestra vehemente cuando afirma que «si algún día veo a alguien de la oposición venezolana o a algún gobierno extranjero tratar de manipular el tema de la CPI, ponerlo en la mesa para negociar la justicia internacional, que es en lo único real en lo que creen los venezolanos, ese día los denuncio en la corte por cómplices».