La segunda ciudad más grande de Reino Unido entra en quiebra y el alcalde culpa a una sentencia que obliga al ayuntamiento a tener igualdad salarial entre el personal

La decisión, que marca un hecho sin precedentes en el país, ha provocado la preocupación de los gobernantes de la ciudad y ha generado una gran inquietud en la población sobre el futuro de los servicios esenciales.

El alcalde, John Cotton (laborista), indicó en un comunicado divulgado por la prensa que había tomado esta «medida necesaria» para sanear la situación.

Alegó la existencia de varios gastos excepcionales, como una condena por infracción de leyes laborales, una disminución de la financiación otorgada por los sucesivos gobiernos conservadores desde hace trece años y la crisis del coste de la vida.

La reivindicación de igualdad salarial de Birmingham es parte de una larga batalla con los sindicatos de la ciudad que tiene lugar desde 2012. En ese momento, según reveló la BBC, la Corte Suprema falló a favor de 174 empleadas, en su mayoría mujeres, que trabajaban en roles como asistentes de enseñanza, limpieza y personal de catering, exigiendo las bonificaciones que se otorgaban al personal en roles tradicionalmente dominados por hombres, como recolectores de basura y barrenderos. Para hacer frente a esta deuda, el ayuntamiento tuvo que vender una serie de activos clave, incluido el Centro Nacional de Exposiciones (NEC, por sus siglas en inglés), en una decisión que se consideró adecuada para financiar, en parte, el coste de la sentencia.

Desde entonces, según reveló el consejo de la ciudad el pasado mes de junio, se han pagado 1.100 millones de libras esterlinas, unos 1.287 millones de euros, pero el ayuntamiento de Birmingham todavía tiene una deuda de entre 650 y 760 millones de libras esterlinas. Una cantidad que sigue aumentando a un ritmo de 5 a 14 millones de libras esterlinas al mes.

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En ese sentido, la Sociedad Fawcett dijo que «esta factura representa la asombrosa negligencia en la responsabilidad por la igualdad salarial», y que el consejo podría haber evitado esta situación «si hubieran valorado y remunerado adecuadamente a sus empleadas en primer lugar». Añadiendo además que, como las mujeres tienden a depender más de servicios públicos como guarderías y atención social, «es trágico pensar que los recortes castigarán ahora indebidamente a las mujeres de Birmingham».

Por otro lado, el sindicato GMB ha presentado una nueva demanda en nombre de 3.000 mujeres, al considerar que el consejo no aplicó plenamente la sentencia en un caso que se remonta a hace más de una década y que llegó hasta el Tribunal Supremo.

Asimismo, el GMB ha presentado reclamaciones ante otros ayuntamientos, incluidos Coventry y Dundee, y está examinando pruebas en veinte más. «Birmingham es excepcionalmente pobre, pero muchos otros ayuntamientos han cometido exactamente los mismos errores», dijo Rhea Wolfson, directora de relaciones internas e industriales del GMB. En ese sentido, el sindicato cree que las autoridades locales de todo el Reino Unido podrían terminar pagando decenas de miles de millones de libras. «Esto no es dinero gratis para las mujeres, se lo han robado minuto a minuto», sentenció Wolfson.

Por último, la semana pasada se reveló que al menos 26 ayuntamientos en algunas de las zonas más desfavorecidas de Gran Bretaña estaban en riesgo de quiebra efectiva en los próximos dos años, según el Grupo de Interés Especial de Autoridades Municipales (Sigoma, por sus siglas en inglés), un colectivo de 47 ayuntamientos. Sin embargo, David Phillips, director asociado del Instituto de Estudios Fiscales de Reino Unido, reveló un panorama más tranquilizador para las finanzas de las autoridades locales, haciendo referencia al «ritmo decente» de expansión de la financiación del gobierno central y a las reservas acumuladas por los ayuntamientos locales después de la crisis del Covid.