El nuevo pacto migratorio endurece la concesión de asilo en Europa
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Los presidentes de todas las instituciones europeas enviaron mensajes de satisfacción por la aprobación política del nuevo pacto migratorio europeo que endurece las condiciones para la petición de asilo. Después de más de siete años de discusiones y grandes fracasos, la Comisión Europea ... ha celebrado con gran alegría este acuerdo, que puede considerarse como el primer paso para elevar a escala comunitaria la gestión de uno de los principales problemas que inquieta a los ciudadanos de todos los países.
Aunque todavía faltan ciertos ajustes técnicos, la nueva regla deja atrás el viejo 'Pacto de Dublin', que hacía reposar en el primer país europeo al que habían llegado toda la responsabilidad de hacerse cargo de los inmigrantes que hubieran entrado ilegalmente en la UE. La nueva regla sigue atribuyendo el expediente al país de entrada, pero prevé un sistema voluntario de redistribución entre otros socios que la Comisión se complace en denominar «obligatorio», porque exige a aquellos que se nieguen a acogerlos a compensar a los demás con hasta 20.000 euros por cada persona que le hubiera correspondido acoger.
La nueva regla ha sido duramente criticada por las ONGs, que la consideran «un gran retroceso» para los derechos de los inmigrantes.
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En cuanto al Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, Johansson ha señalado que se está muy cerca de finalizarlo
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fue la primera en publicar un mensaje en redes sociales diciendo que se trata de un acuerdo «histórico», porque «la migración es un desafío europeo común» y «la decisión de hoy nos permitirá gestionarla juntos». La anterior Comisión, presidida por el luxemburgués Jean-Claude Juncker, fracasó en todos los intentos de resolver este rompecabezas legal con una política europea y atravesó una de las peores crisis en 2015 a causa, precisamente, de la llegada incontrolada de refugiados y emigrantes económicos a través de las costas griegas. Su sucesora proclamaba ayer que «cada año, cientos de miles de inmigrantes irregulares emprenden peligrosos viajes para llegar a nuestras fronteras. A menudo son víctimas de delincuentes, contrabandistas y traficantes que los atraen con falsas promesas de salvoconducto y los extorsionan» y, por ello, «los Estados miembros que tienen fronteras exteriores necesitan gestionar la migración ilegal» con políticas europeas
Los principales artífices de este pacto han sido el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, y a la comisaria de Interior, Ylva Johansson. Uno de los puntos que han sido aceptados en este acuerdo y que hasta ahora parecían grandes tabúes en la política europea es el de la financiación con dinero del presupuesto europeo de vallas, alambradas y sistemas que puedan usar concertinas en la protección de fronteras, incluyendo en países terceros.
«Un retroceso»
Amnistía Internacional ya ha dicho en un comunicado que «las reformas acordadas harán retroceder la legislación europea en materia de asilo durante las próximas décadas y provocarán un mayor sufrimiento humano», porque reescriben «los derechos de las personas emigrantes».
El acuerdo alcanzado durante la madrugada del martes al miércoles tiene que ser aprobado formalmente tanto por el Consejo como por el pleno del Parlamento Europeo, que no se reunirá hasta mediados de enero.
El pacto no cubre las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar, que están reguladas por el derecho marítimo internacional, ni los acuerdos con terceros países fuera de la UE, ni los permisos de residencia o trabajo ni los procedimientos de visado ordinarios.
El Parlamento no quería aceptar que se incluya en estas categorías a familias con menores, pero el Consejo no ha cedido
Según las nuevas normas, los recién llegados serán «examinados» con un procedimiento idéntico en todos los países, lo que incluye la recopilación de datos biométricos, incluida la determinación de perfiles raciales que se almacenarán en una base de datos (Eurodac) para que todas las autoridades policiales, incluida la agencia Europol, tengan acceso automático a esa información. Posteriormente, se establecerán diferentes canales de solicitud y algunos solicitantes ingresarán a los Procedimientos de Asilo en Frontera, que incluye un periodo de retención obligatoria para los que vienen de países con una tasa de aceptación de asilo inferior al 20%, los que entran en la categoría de «riesgo para la seguridad» y aquellos sobre los que se ha constatado que han engañado a las autoridades.
El Parlamento no quería aceptar que se incluya en estas categorías a familias con menores, pero el Consejo no ha cedido. A cambio han conseguido que la UE les garantice «asesoramiento jurídico», pero no que les pague el abogado.
Entre los criterios para denegar el asilo también figura la posibilidad de invocar que el peticionario venga de un país que la UE considere seguro, aunque no sea el suyo.
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