La misión de la ONU denuncia la violación y la tortura de menores encarcelados por protestar en Venezuela

Es el segundo informe que publica este martes la misión de expertos sobre Venezuela de las Naciones Unidas en Ginebra y que cubre el período del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024. Incluye la evaluación y documentación de más de 1.000 protestas antes y después de las elecciones presidenciales, registradas en lo que va de 2024, y testimonios de 383 personas. «La misión obtuvo información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 chicos y 28 chicas) después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo, un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente», dice uno de los pasajes del documento.

Entre el 29 y el 30 de julio se produjeron 915 protestas ciudadanas en el país en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, según los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. «Durante esos días, y en los días posteriores, se registró una violenta represión por parte de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al Gobierno. La represión provocó 25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas, por el simple hecho de haber expresado una opinión. Entre las víctimas se encuentran niños y niñas, así como personas con discapacidad», recoge el informe.

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En algunos casos, los menores permanecieron recluidos en prisiones comunes, sin que se respetara la separación por edad o género. «Esta falta de división en los centros de detención afectó sobre todo a las niñas, que, en ocasiones, fueron sometidas a vejaciones sexuales mientras permanecieron detenidas junto con adultos hombres», recoge el documento.

Las víctimas identificadas como opositores lograron denunciar la violencia carcelaria, «incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones conexas, consideradas en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política fundada en motivos políticos».

Las madres y familiares de los 158 menores detenidos por protestas han vivido un infierno para localizar a sus hijos que han sido repartidos por diferentes prisiones del país. Unos 100 han sido liberados bajo régimen de presentación y quedan otros 58 a la espera de ser liberados. Las madres afectadas buscan afanosamente a los 58 hijos para matricularlos en los colegios que empiezan las clases el 30 de septiembre, pero las autoridades carcelarias no les dan información de su destino. Los uniformados les dicen que no digan los nombres de los encarcelados porque no saldrán, así el miedo y el terror cunde en el ánimo de las mujeres.

El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a ABC que no podía dar nombres de los afectados porque «estas cifras son muy dinámicas y «varían continuamente» porque pueden conocer de casos que no habían sido denunciados o enterarse de excarcelaciones que no han sido informadas oficialmente».

Los detenidos tienen entre 14 y 17 años de edad. Son 12 muchachas y 46 muchachos. Distrito Capital es la región con más apresados (11), seguido de Lara (8), Aragua (6), Miranda (5), Bolívar (4), La Guaira (4), Carabobo (3), Barinas (3), Zulia (3), Amazonas (3), Nueva Esparta (3), Yaracuy (2), Sucre (1) y Táchira (1). Incluso permanecen detenidos adolescentes con alguna discapacidad.

Estos jóvenes están acusados de «incitación al odio» y de «terrorismo». La legislatura venezolana establece penas de hasta 20 años de prisión para el primer delito y entre 25 y 30 años de cárcel para el segundo. A estos detenidos se les imputan otros delitos como obstrucción de la vía pública, destrucción de la propiedad pública y privada.

En el informe de la ONU se afirma que parte de esta represión, las autoridades llevaron a cabo, «de forma consciente y planificada», acciones para desarticular y desmovilizar la oposición política organizada; inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno y a impedir la protesta ciudadana pacífica. «La brutalidad de la represión sigue generando un clima de miedo generalizado en la población».

«Las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro», señaló el informe.