La Ley de Inteligencia aprobada en Ecuador, una amenaza «alarmante» contra la libertad de prensa

En un comunicado, la organización hemisférica recoge las preocupaciones de medios locales y de organizaciones que defienden la libertad de prensa respecto de esta ley del Ejecutivo, que fue aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional (Congreso), bajo el argumento de fortalecer la seguridad nacional, y puesta en vigor por el presidente Daniel Noboa apenas un día después de su aprobación pese a las advertencias de que existen artículos que chocan con la Constitución.

El presidente de la SIP, el salvadoreño José Roberto Dutriz, considera que uno de los aspectos más inquietantes de la ley es la amenaza que representa para la privacidad de las comunicaciones y la protección de las fuentes periodísticas, y alerta de que el posible uso de mecanismos de vigilancia y recopilación de datos podrían propiciar la autocensura e intimidar tanto a periodistas como a medios.

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La ley obliga a las operadoras de telecomunicaciones a entregar información sobre sus usuarios a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, sin requerir orden judicial. Esta información puede incluir comunicaciones en tiempo real e históricas, localización de dispositivos móviles, detalles técnicos y cualquier dato que permita identificar o rastrear al abonado.

Pero el ministro de Gobierno, José de La Gasca, ha reiterado que no será utilizada para perseguir ciudadanos ni periodistas, o atentar contra la libertad de expresión, ya que su objetivo es adelantarse a las economías criminales que se ocultarían tras el manejo estratégico de la información.

La Ley Orgánica de Inteligencia fue motivo de controversia desde que fue enviada por Noboa al Congreso. La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), con sede en Quito, considera que pone en riesgo la privacidad, el acceso a la información y la libertad de prensa, y puede facilitar el uso político del aparato de inteligencia del Estado sin supervisión efectiva; mientras que Luis Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos y docente universitario, asegura que la ley permite al presidente de la República desarrollar tareas de espionaje y vigilancia a nivel cibernético y de telecomunicaciones, sobre cualquier persona en el territorio ecuatoriano, sin autorización judicial.

Otras críticas a la Ley apuntan a la creación del fondo de gastos especiales exentos de los controles ordinarios del sistema de contratación públicas, y cuyas auditorias quedan exclusivamente en manos de la Contraloría General del Estado (Juez de Cuentas) que tras su revisión incinerará la documentación.

También ha emitido una alerta la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, que en su cuenta de X (antes Twitter) escribió que las leyes de Solidaridad y de Inteligencia amenazan los derechos en Ecuador. Y agregó que la seguridad no se logra dando poderes ilimitados a los organismos de seguridad e inteligencia y reduciendo controles, sino fortaleciendo la justicia y el Estado de derecho.