La condena a Uribe rompe aún más a una Colombia polarizada

La radio, plataformas digitales, prensa y demás canales de comunicación dedicaron sus contenidos al caso, al futuro del exmandatario, a la apelación en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá que hará la defensa una vez se conozca la sentencia completa el próximo 1 de agosto; el tiempo que tomará el pronunciamiento del Tribunal, que debe en todo caso darse en la primera quincena de octubre próximo, y el eventual regreso del proceso a manos de la Corte Suprema de Justicia, de donde el propio Uribe Vélez lo retiró, perdiendo el fuero político que precisamente lo cobijaba para situaciones como esta, optando voluntariamente por el camino de la justicia ordinaria, que finalmente lo sentenció tras ocho años de este proceso puntual.

Cabe recordar que el origen de este proceso se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda acusó a Uribe Vélez de tener en la década de los años 90 vínculos con grupos paramilitares, de acuerdo con testimonios que recibió. Entonces, el expresidente demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, que en 2018 desestimó la denuncia y, en cambio, abrió una investigación contra Uribe Vélez por manipulación de testigos, desembocando en un largo y tortuoso proceso -475 días, más de mil páginas de sentencia que recoge a más de 90 testigos- y cuya sentencia se conoció este lunes.

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Entre las reacciones más destacadas están las de sus compañeros de partido del Centro Democrático, en especial las de quienes integran la bancada opositora en el Congreso, que de manera unánime han declarado el proceso como una venganza política, desestimando el trabajo adelantado por las cortes y los años invertidos en el mismo, cumpliendo con todas las garantías previstas por la ley colombiana.

Para los más rotundos detractores del exmandatario, finalmente se hizo justicia y con esta condena parece darse igualmente una sentencia tácita a toda su labor política, en especial a los ocho años como mandatario (2002-2010), que han sido cuestionados por temas como los falsos positivos. La polarización logra que los extremos echen en un mismo saco todo con el fin de sacar peligrosos réditos electorales en un ambiente de campaña presidencial (las elecciones son en 2026).

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal afirmó que «no fue una sentencia contra el expresidente Uribe, fue un momento a la arbitrariedad y la politización de la justicia» y descalificó el fallo como una vergüenza. La también senadora y precandidata por el Centro Democrático Paloma Valencia, ante un comentario del excomandante de las FARC Rodrigo Londoño y otro del presidente Gustavo Petro, los desestimó recalcando su pasado exguerrillero.

En su cuenta de X, Londoño escribió que «la sentencia condenatoria contra Uribe es un hito que marca un cambio de época en Colombia. El país no puede ser tierra sin ley para los poderosos. La nación debe rodear a la Justicia para que la verdad histórica y judicial sean base para la no repetición y la reconciliación».

A pesar del talante polarizador de las reacciones de uno y otro lado, para el penalista Francisco Bernate la sentencia y el proceso en general «tiene muchísimo significado para la justicia nacional, donde lo más importante es el hecho de que un expresidente haya sido sentado en el banquillo de los acusados y condenado, el mismo banquillo en el que se sienta el colombiano de a pie. Reivindica a la justicia colombiana en términos de igualdad, donde seas quien seas debes responder por tus delitos».

Además, Bernate señala que otro mensaje fundamental se refiere a la independencia del poder judicial, su autonomía, como también a que otro aporte del caso es que «los colombianos pudieron ver y oír el proceso, donde las tecnologías de la información fueron aplicadas en beneficio de la democracia». Y subraya un punto de reflexión: «Un juzgado estuvo por muchas semanas atendiendo solo este caso, lo que no sucede con el ciudadano común; se evidencia una justicia tipo A y otra B, y este caso no ha debido priorizarse».

Y queda la gran pregunta de cómo la sentencia afecta los casos pendientes derivados de la financiación de la campaña del presidente Petro, el involucramiento de su hijo y las demandas judiciales que pesan sobre algunos de sus ministros. «Ante casos pendientes, este es un fallo jurídico con consecuencia política -señala Bernate-: habrá una oposición que le va a exigir a la Justicia resultados en los casos que involucran al Gobierno y una rama judicial que también deberá dar resultados claros sobre los casos del actual Gobierno; Justicia para ambos lados».

Pasado el vértigo del anuncio y las especulaciones, varios analistas han señalado que la sentencia desfavorable a Uribe Vélez puede ser muy positiva para el país, pues revela que las instituciones colombianas tienen solidez a pesar de la polarización y de los permanentes intentos, en especial en la actualidad, por deslegitimarla en beneficio de interese políticos coyunturales.

Para el exministro de Exteriores Camilo Reyes, «la confrontación y descalificación de todo lo que hay es preocupante, pero para efectos institucionales, edifico que se debe preservar en pie y fortalecer, es lo mejor que ha podido suceder. Esto representa un equilibrio significativo para el país».

Por eso, no deja de sorprenderse con las declaraciones de miembros del Gobierno de Donald Trump, como la emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se pronunció en X señalando que «la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante».

Para Reyes, «es indispensable que la opinión pública internacional y nacional acaten y reconozcan el valor de un fallo excesivamente complejo, extenso y riesgoso para cualquier autoridad que lo emitiera. Es fundamental que la comunidad internacional respalde y respete el fallo emitido por el sistema de justicia de un país que es un Estado de derecho que tiene normas e instituciones obligadas a respetar. Debería ser aún más contundente su respaldo frente a la comunidad internacional, en especial por países con democracias liberales. El pronunciamiento irresponsable sobre las circunstancias de Colombia puede vulnerar la institucionalidad propia de quien lo emite desde fuera».