El derrumbe de una mina ilegal suma otra tragedia en el llamado 'oro de sangre' en Venezuela

De forma estadística no se puede afirmar que hay una escalada de tragedias pero sí llama la atención que empiezan a producirse tan seguido. Hace dos meses, el 8 de diciembre del año pasado, también colapsó otra mina de oro en Paraiba de San José de Wadamapa, en la denominada Gran Sabana, dejando un saldo de, al menos, 10 personas muertas, en el mismo sector donde ocurrió el derrumbe de la mina Bulla Loca, a unos 60 kilómetros del límite del paradisíaco Parque Nacional Canaima y el Salto Ángel.

En febrero de 2016 el Gobierno de Maduro lanzó el decreto 40.855 para explotar el Arco Minero, rico en oro y diamantes y otros minerales en el estado Bolívar, al sur del país. Es una larga franja de 112 kilómetros cuadrados que corresponden al 12% del territorio nacional y que pasa al norte del río Orinoco.

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La explotación del oro, el coltán y otros minerales asociados se ha convertido en la actividad más letal y peligrosa en Venezuela. De la conocida 'fiebre de oro' se ha pasado a ser el 'oro de sangre', según lo califican políticos como el expresidente interino Juan Guaidó, por la gran cantidad de víctimas que registra la actividad. La ONG SOS Orinoco señala que es una actividad peligrosa por las condiciones de trabajo y los equipos que utilizan. Los venezolanos de bajos recursos de la región amazónica que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur del país.

«Estos grupos armados, incluyendo organizaciones venezolanas conocidas como 'sindicatos' y grupos armados colombianos con presencia guerrillera en la zona, ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan en estas minas. Además, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas», señala SOS Orinoco.

Transparencia Internacional de Venezuela también ha denunciado la situación. «Tanto las megabandas como los seudo sindicatos y la narcoguerrilla colombiana (ELN) dominan la extracción de oro y, en algunos casos, de diamantes y coltán en los municipios Pedro Chien, Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana. Asimismo, cada vez existen más mujeres que se dedican a la minería ilegal y muchas son víctimas de explotación sexual o las utilizan para el contrabando, el tráfico de drogas».

Los militares venezolanos controlan el tráfico legal o ilegal de los minerales. Cada 5 kilómetros de la carretera por la selva hay un puesto de control que exige el pago de una comisión.

Las licencias para operar las minas son el secreto mejor guardado en el arco minero, donde se impone la ley de la selva. Todo el mundo sabe a quién pertenecen. En la familia de Nicolás Maduro y Cilia Flores los que más otorgan concesiones mineras son su hijo Nicolás y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quienes de manera discreta manejan las licencias auríferas.

La minería ilegal, que es el 90% de la producción nacional, puede generar más de 2.000 millones de dólares anuales solo con las actividades asociadas al contrabando de combustible y otros bienes, requeridos para la explotación minera, y 3.500 millones por la venta ilegal del oro y diamantes. El oro vendido ilegalmente ha sido el salvavidas de Gobierno en estos años, desde antes de la brutal caída de la producción petrolera y de las sanciones económicas.

Esa explotación es una caja negra por descifrar, aunque las autoridades locales en el Arco Minero del Orinoco estiman la producción de oro en unas tres toneladas mensuales.

Según las estimaciones de los expertos, solo la cuarta parte ingresa formalmente a las cuentas nacionales; el resto es comercializado de manera ilegal, con la anuencia y participación de funcionarios del Estado y cuerpos de seguridad. Las principales cantidades salen por vía aérea y van a Colombia, pero también se incluye a Turquía, Bélgica y Holanda, denuncia Transparencia Internacional.