Boric indulta a varios condenados por el estallido social mientras su desaprobación alcanza el 61 por ciento

El anuncio el viernes pasado, cuando el país ya estaba sintonizado con las celebraciones de año nuevo, agitó a algunos sectores de centroizquierda y a la oposición, que resolvió suspender todo diálogo con el Gobierno en materia de seguridad. Solo el Partido Comunista y el Frente Amplio han celebrado su actuación.

Los indultos de Boric, además, le abrieron un flanco con otro poder del Estado, el judicial, ya que el perdón otorgado al reo Jorge Mateluna Rojas molestó a la Corte Suprema (CS), instancia que emitió una inédita declaración recordándole que «ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales».

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María J. Errázuriz

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La promesa de dar una solución a los llamados «presos políticos» del estallido fue uno de los pilares de la campaña del frenteamplista en primera vuelta, pero tras pasar a la segunda vuelta con el derechista José Antonio Kast, Boric templó su discurso y aseguró que no podía beneficiarse, por ejemplo, a aquellos que habían quemado iglesias o saqueado el comercio.

Al asumir el cargo el 11 de marzo de 2022, la primera acción de Boric fue retirar las querellas que el Gobierno de Piñera había presentado contra los detenidos, cosa que no impidió que los juicios continuaran. La izquierda impulsó, en paralelo, un proyecto de ley que facilitaba el indulto sin la sanción penal previa ejecutoriada, pero como nunca obtuvo mayoría en el Senado, la iniciativa no prosperó.

Mientras tanto, la agenda de seguridad se posicionó como la mayor preocupación de la ciudadanía y Boric se hizo cargo de ese desafío, señalando que era su máxima prioridad. En diversas ocasiones, pronunció frases grandilocuentes sobre la materia, como cuando afirmó: «Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia».

La derecha mantuvo su posición de que indultar a los detenidos tras el estallido social sería una señal contradictoria debido a los daños que se causaron a diversas ciudades, ya sea por la quema de locales comerciales, decenas de estaciones del metro y edificios patrimoniales, así como saqueos y ataques a policías.

El asunto parecía olvidado y los partidos de Chile Vamos iniciaron conversaciones con la ministra del Interior, Carolina Tohá, con el fin de acordar una serie de iniciativas relativas a seguridad ciudadana. Tohá ingresó en septiembre en el gabinete con el objetivo de destrabar las acciones del Gobierno, copado por el proceso constitucional, y dar un giro hacia al centro para ampliar su alicaída base de apoyo. La encuesta más valorada en Chile, la CEP, conocida esta semana, le da a Boric un 61% de desaprobación.

Todo iba bien, hasta que en Navidad reapareció el fantasma de los indultos. El Palacio de La Moneda los comunicó mediante un comunicado que en su primera versión iba incompleto, pero ello no evitó el enojo de Chile Vamos, que se retiró inmediatamente de la mesa de diálogo. De hecho, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, advirtió que «el presidente cometió un error que tiene consecuencias que van a durar algunas semanas».

Los indultos dieron pie a que diversos actores hayan apuntado a lo errante de las conductas del mandatario, pues solo unos días antes había declarado en televisión que en Chile la violencia se «naturalizó» y se debía recuperar el sentido de autoridad, apuntando directo a quienes provocaron desmanes en el estallido social.

Sin embargo, cuando arreciaban las críticas por los trece indultos, el mandatario afirmó que «son jóvenes (varones de 38 a 18 años) que no son delincuentes». Singularmente, uno de los beneficiados al salir de la prisión llamó a continuar luchando porque «los insurrectos no nos calmamos». El sujeto en cuestión tiene un largo historial criminal desde inicios de 2000.

Al conocerse con las horas más detalles de la biografía de los indultados, el clima empeora. Los diputados republicanos presentaron una acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, compañero de vida política de Boric, y Chile Vamos entregará los votos para aprobarla. En el nuevo escenario instalado por Boric, la derecha se ve empujada a endurecer la relación con el Ejecutivo.

Si el clima político quedó dañado, Boric también golpeó su relación con la Corte Suprema, al incluir inesperadamente en el grupo de indultados a un exterrorista.

El caso de Jorge Mauricio Mateluna Rojas (48 años) ya había incomodado en marzo de 2018 a la expresidenta Michelle Bachelet, cuando dos días antes de terminar su segundo mandato, intentó indultarlo tras una fuerte campaña pública de un grupo de abogados penalistas, pero su ministro de Justicia se negó a firmar el decreto.

Mateluna fue indultado en 2004 por el expresidente Ricardo Lagos tras ser condenado, a mediados de los 90, a cadena perpetua por pertenecer al extinto Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Años después, fue condenado a 16 años de cárcel como autor de un asalto bancario en 2013.

Al defender el indulto, Boric dijo estar convencido de la inocencia de Mateluna, abriendo un frente con el poder judicial. Sus palabras -dijo que tiene «la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia»- motivaron una reunión extraordinaria del pleno de la CS, tras la cual le señalaron que «la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley».

A esto se sumó un pronunciamiento de la Fiscalía a cargo de la persecución del exfrentista, que precisó que el condenado fue detenido en flagrancia y la investigación demostró su participación en calidad de autor de los hechos, lo que «fue refrendado en todas las instancias judiciales».

Intentando salir de la difícil situación y controlar los daños, el presidente Boric afirmó que la facultad del indulto no pone en cuestión la independencia de los poderes del Estado y que «sería mala noticia para nuestro país que yo iniciara una disputa con el Poder Judicial».

«Independiente de mi opinión personal del caso en cuestión, el indulto otorgado a Mateluna se funda en las atribuciones que como presidente de la República me otorgan la Constitución y las leyes», sentenció, y de paso dio la bienvenida a cualquier debate que promueva revisar la institución del indulto presidencial.