El Gobierno de Boric consigue iniciar la tramitación de la reforma de las pensiones

En esta oportunidad, los ministros no escatimaron esfuerzos para asegurar los 78 votos que se necesitaban, alcanzando, finalmente, un total de 84 sufragios. Las autoridades quisieron no repetir el fracaso de comienzo de 2023, cuando la falta de votos oficialistas hizo naufragar la reforma tributaria. El rechazo de la idea de legislar implica que el proyecto no se puede poner de nuevo en discusión hasta pasado un año.

La reforma propuesta por el Frente Amplio introduce profundas modificaciones al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son entes privados que recaudan los ahorros obligatorios de los trabajadores y los reinvierten en el mercado de capitales, en un esquema de capitalización individual.

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En los últimos años las bajas pensiones que entrega el sistema, entre otros, por el monto ahorrado (solo un 10,4% del salario), la edad de jubilación (65 años hombres y 60 años mujeres) en relación a la sobrevida y las lagunas previsionales por no cotización, pusieron este tema en el centro del debate político y fue una de las demandas más sentidas del estallido social de 2019.

Este miércoles, tras dos días de debate en sala, un total de 84 diputados de 155 dieron el vamos a la discusión, concretándose la negativa de la oposición en orden a avanzar en una reforma en los términos planteados por el Ejecutivo, rechazándola con 64 sufragios.

Si bien la Administración de Boric consiguió la aprobación de la idea de legislar, una gran parte de los articulados centrales y más polémicos del proyecto, presentado hace 14 meses al Congreso, fueron rechazados por no alcanzar el quorum, lo que es una clara señal de la oposición respecto de que deberá negociarse otra propuesta para el sistema.

En los últimos meses del segundo gobierno de Sebastián Piñera se dictó una ley que estableció la Pensión Garantizada Universal (PGU) que fue en ayuda de las personas de menores recursos, pero no de la clase media.

El FA postuló en sus inicios terminar con las AFP y crear un sistema de reparto, pero la realidad los obligó a moderar sus aspiraciones y proponer aumentar la solidaridad del sistema estableciendo un aporte del 6% extra por trabajador a cargo del empleador y mantener el sistema de capitalización individual.

Dentro de los temores de la oposición está que no solo se ponga fin a las AFP mediante norma que restrinjan su accionar, sino que finalmente, los ahorros dejen de ser propiedad de las personas.

Uno de los puntos cruciales de la discusión ha sido el destino de ese 6%, que inicialmente, el Gobierno planteó en 2% para el trabajador y 4% al sistema solidario. La discusión de las últimas semanas permitió avanzar hacia un 3% para el cotizante y el otro 3% al sistema.

La derecha desea que ese 6% vaya todo al trabajador y argumenta que los problemas más urgentes fueron abordados con la PGU. Así, se opone a que la industria previsional sea dividida, dejando en los Inversores de Pensiones privados o público (nuevas AFP modificadas) el manejo de los fondos y entregando a un órgano estatal (Administrador Previsional) la recaudación y pago de las pensiones.

En las últimas semanas, tanto dirigentes del Partido Republicano, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evopoli, además de los centristas Demócratas y Amarillos manifestaron que rechazarían la idea de legislar para impedir el avance de un proyecto que considerar una aberración. Sin embargo, de cara a la ciudadanía, ellos los puso en el dilema de dar la señal de no querer avanzar en la reforma.

La ministra del Trabajo, la comunista Jeanette Jara, hizo ver eso en diversas ocasiones y en las últimas horas del martes logró asegurar los votos de los diputados Demócratas. También se sumaron los diputados del Partido de la Gente, quienes desoyeron el llamado de su excandidato presidencial Franco Parisi a oponerse.

Tras lo ocurrido en la votación de este miércoles, donde se desarmó casi la totalidad del proyecto, el Gobierno deberá renegociar sus aspectos cruciales. «La reforma está lejos del proyecto inicial que queríamos que se aprobara, pero entendemos que necesitamos llegar a un acuerdo» había señalado la ministra Jara, pero lo de hoy implica partir prácticamente de cero.