Golpe de Estado en Myanmar con la detención de Aung San Suu Kyi y parte del Gobierno

Este lunes estaba previsto que se constituyera el Parlamento tras las elecciones del 8 de noviembre, en las que el partido de Aung San Suu Kyi volvió a arrasar al ganar un 83 por ciento del escrutinio. Pero el Ejército viene disputando el resultado y ha presentado varias denuncias que han sido rechazadas por la comisión electoral y el Tribunal Supremo. Los militares, que habían amenazado con «tomar acciones», prometieron el sábado que acatarían la Constitución, pero el país ha amanecido con esta asonada solo dos días después.

Según informa la BBC, hay soldados patrullando por la calles de la capital , Naipyidaw, y de la principal ciudad, Yangón (Rangún). Las líneas telefónicas han sido cortadas y la televisión estatal, MRTV, está teniendo «problemas técnicos» para emitir. Todo apunta a un nuevo golpe de Estado en Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania, solo seis años después de recuperar la democracia. En su propia televisión, el Ejército ha declarado el estado de emergencia. Justificando el alzamiento por el «fraude electoral» que denuncian, han tomado los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que han traspasado a su comandante en jefe, Min Aung Hlaing, al menos durante un año.

En noviembre de 2015, este bello país del Sudeste Asiático celebró sus primeras elecciones en 25 años dentro de la transición que había empezado meses antes con la liberación de Aung San Suu Kyi, quien estaba bajo arresto domiciliario por su larga lucha por la democracia. Aunque los militares habían reformado la Constitución para conservar parte del poder, reservándose el 25 por ciento del Parlamento y el control de tres ministerios clave, el partido de Suu Kyi ganó por aplastante mayoría. Por un veto constitucional expresamente dirigido contra ella por haber tenido dos hijos con un extranjero, no puede dirigir el Gobierno, pero es la «mujer fuerte» del país en su cargo de consejera de Estado y representante internacional.

A pesar de las expectativas que había en Suu Kyi, quien ganó el Nobel de la Paz en 1991 y se ha pasado casi 15 años detenida , desde el principio se ha mostrado como una política pragmática que ha traicionado sus ideales democráticos de igualdad y justicia. Como ya avanzó en una entrevista a ABC en 2010, nada más ser liberada y un año antes de concurrir a las elecciones, no solo se ha acercado a un régimen autoritario como el chino, sino que ha negado la persecución en Birmania de la etnia musulmana rohingya (pronúnciese «rojinga»).

Por su aquiescencia con el Ejército con esta auténtica «limpieza étnica», que llevó a más de 700.000 rohingyas a huir al vecino Bangladés en 2017, la reputación de Suu Kyi ha quedado totalmente destrozada. Aunque un informe de la ONU calcula que hubo unos 10.000 muertos, la Nobel de la Paz desmentía este genocidio en 2019 ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya.

A pesar de la abundancia de pruebas contra el Ejército («Tadmadaw»), Suu Kyi aseguró que se trataba de una «operación antiterrorista» en respuesta a la ofensiva que una guerrilla musulmana lanzó en agosto de 2017. Poco después, los refugiados rohingyas hacinados en los campos de la frontera con Bangladés contaban a ABC las atrocidades cometidas por el Ejército birmano, cuyos soldados entraron a tiros en los pueblos, matando a los hombres, violando a las mujeres y quemando sus chozas con los bebés dentro. A pesar de esta complicidad con los militares de «La Dama», como es popularmente conocida Suu Kyi, su delicado equilibrio de poder ha acabado rompiéndose con este nuevo golpe militar.