Trump comienza a desguazar el legado medioambiental de la era Obama

Trump firmó ayer una orden ejecutiva de «independencia energética» con la intención de revertir las restricciones sobre emisiones, limitar la regulación a las industrias energéticas e impulsar un sector del carbón en declive. Su decisión, con la que dijo poner fin «a la guerra al carbón» , no es ninguna sorpresa. Trump ha mantenido un discurso agresivo contra la regulación medioambiental, y llegó a calificar al cambio climático de un «fraude» creado «por y para los chinos para dañar la competitividad de EE.UU». En las elecciones, repitió hasta la saciedad su compromiso con las cuencas del carbón de EE.UU. -en el pasado una mina de oro, hoy en bancarrota-, hizo campaña sin parar en aquellas regiones y prometió la salida de EE.UU. de los acuerdos sobre cambio climático de París, que la Administración Obama impulsó.

La idea es que la nueva regulación medioambiental vaya «a favor de los empleos y a favor del medio ambiente», explicó el nuevo director de la Agencia para la Protección del Medioambiente (EPA, en sus siglas en inglés), Scott Pruitt , que como fiscal general de Oklahoma peleó la mayoría de las decisiones de la EPA en la era Obama. El mensaje central de la Administración Trump es que la regulación ecológica no puede suponer un freno a la economía ni al mercado laboral.

El punto fundamental de la orden ejecutiva es que ordena a la EPA la revocación y la sustitución del Plan de Energía Limpia , el principal instrumento de Obama contra el cambio climático. La idea es cambiar las exigencias sobre reducción de emisiones de efecto invernadero y el cierre de cientos de plantas térmicas que hacen posible esa reducción. La decisión provocará una oleada de protestas de grupos ecologistas y una gran batalla legal: en la actualidad, el plan de Obama no ha entrado en vigor porque está en medio de un litigio ante el Tribunal Supremo. Después, requerirá la presentación de análisis y estudios que justifiquen la decisión de revocar la norma.

La orden ejecutiva incluye otras disposiciones que también serán polémicas: acaba con la prohibición de nuevas minas de carbón en tierras de titularidad federal, cambia las restricciones para el «fracking» y exige que se modifiquen a la baja los cálculos del «coste social del dióxido de carbón» en las decisiones legislativas. Además, se destierra una práctica establecida por Obama, por la que el impacto sobre el cambio climático debía ser un factor a tener en cuenta en cualquier decisión de la Administración federal relativa al medioambiente.

El decreto de Trump, sin embargo, no hace mención a los acuerdos de París, ni a la prometida salida de EE.UU. Lo que está claro es que la política que favorece Trump no contribuirá a que el país cumpla con los objetivos de reducción de emisiones acordados, que eran del 26% para 2025 con respecto a los niveles de 2005.

Según un estudio de la consultora Rhodium Group, las emisiones se reducirían un 14% bajo el nuevo plan de Trump , frente al 21% que calculan si se dejaran en vigor las disposiciones de Obama.

Las patronales de la minería se felicitaban ayer por la decisión de Trump, aunque muchos ven en su espaldarazo a la industria del carbón una maniobra que solo tiene peso simbólico y político.

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