Theresa May defiende la necesidad de controlar la inmigración tras el Brexit

Una día después de que «The Guardian» publicase una propuesta del Ministerio del Interior para terminar con la libre circulación de trabajadores y controlar los niveles migratorios, May ha alegado ante la Cámara de los Comunes que eso fue lo que votaron los británicos el 23 de junio de 2016.

«En general, la inmigración ha sido buena para Reino Unido, pero lo que la gente quiere ver ahora es que hay control. Eso es lo que quiere ver como resultado de la salida de la Unión Europea», ha dicho la 'premier', al ser preguntada por un diputado sobre los beneficios de la llegada de extranjeros para la economía nacional.

May ha advertido del «impacto» que la inmigración puede tener para cuestiones como el acceso a los servicios básicos o el desarrollo de infraestructuras y ha alegado que los más afectados suelen ser las clases más bajas.

El Ministerio del Interior de Reino Unido ha elaborado una propuesta migratoria para las negociaciones sobre la salida de la Unión Europea que contempla la suspensión del libre movimiento de trabajadores comunitarios una vez se haya consumado el Brexit, con distinciones en función de la cualificación profesional.

Por su parte, el ministro de Defensa de Reino Unido, Michael Fallon , ha asegurado también h oy que el Gobierno de Reino Unido impulsará una política de inmigración «equilibrada» cuando el país haya completado el proceso de salida de la Unión Europea.

Fallon ha dicho que el objetivo es reducir la cifra global de inmigrantes pero aumentar el número de trabajadores de alta cualificación que llegan al país.

El texto, fechado en agosto y divulgado por el diario «The Guardian», recoge una serie de propuestas que, a falta de que sean debatidas y aprobadas por el Gobierno, pone de manifiesto la línea que quiere seguir el Gobierno de Theresa May en un proceso de negociaciones con la UE que deberá haber concluido antes de marzo de 2019.

Así, a lo largo de 82 páginas propone medidas para regular el flujo migratorio que, en la práctica, implicarían la introducción de límites en la circulación de trabajadores. Los inmigrantes con menor cualificación sólo podrán optar a un permiso de residencia de hasta dos años, mientras que en el caso de «ocupaciones cualificadas» el periodo oscilará entre los tres y los cinco años.

«Tenemos claro que, en la medida de lo posible, las empresas de Reino Unido deberían intentar cubrir sus necesidades laborales con residentes. Es más importante que nunca (...) para construir una economía fuerte y competitiva», reza el texto, que encaja con la tesis mantenida en los últimos meses por la línea más dura del Partido Conservador.

En este sentido, el Gobierno alega que la introducción de límites es necesario para reducir el flujo migratorio a «niveles sostenibles». El 'premier' David Cameron, primero, y May, después, se comprometieron a bajar la cifra de migración neta por debajo de las 100.000 personas, algo que Londres está lejos de conseguir habida cuenta de que cada año 250.000 ciudadanos de la UE siguen emigrando a Reino Unido.

El borrador también plantea el desconocimiento de la jurisdicción europea en relación a los derechos de traslado de familiares , la obligatoriedad de viajar con pasaporte a Reino Unido --no bastarán documentos de identidad nacionales-- y restricciones generales para la reunificación familia. El residente que quiera llevar a Reino Unido a un cónyuge deberá acreditar que gana al menos 18.600 libras (unos 20.300 euros) al año.

Los derechos de los ciudadanos de países de la UE tras el Brexit serán previsiblemente uno de los principales escollos en las negociaciones entre las partes y, por el momento, ninguna de las partes ha dejado claro dónde sitúa sus líneas rojas. El texto del Ministerio del Interior británico apunta que el nuevo sistema que aplicará para los ciudadanos comunitarios no tiene por qué ser necesariamente el mismo que rige actualmente para los extranjeros ajenos a la UE.

Una vez hecho público el documento, el titular de Defensa británico ha aseverado que deben asegurarse el hecho de que las empresas británicas «estén preparadas para preparar y formar a los trabajadores nacionales (...) La ciudadanía ha sido muy clara, no quieren que la inmigración pare sino someterla a un cierto control».Por último, el ministro ha insistido en que el Gobierno quiere «dejar claro que solo están poniendo en marcha algo que se votó en el referéndum por el Brexit».