El Reino Unido plantea centros en el exterior para solicitantes de asilo

La futura Ley de Nacionalidad y Fronteras , pieza clave de la reforma migratoria del Gobierno de Boris Johnson , plantea un amplio abanico de medidas encaminadas a hacer más justo y eficiente un sistema de asilo que Patel considera que está actualmente «roto», impedir la entrada ilegal de personas en el Reino Unido con mayores castigos para los irregulares y quienes trafican con seres humanos, y expulsar del territorio británico a aquellos que no tengan derecho a estar en él. Se trata, dijo la ministra del Interior en su presentación del proyecto en la Cámara de los Comunes , de «la reforma del sistema de asilo más completa en décadas», diseñada bajo el principio de que «el acceso al sistema de asilo del Reino Unido debería estar basado en la necesidad, no en la capacidad de pagar a los traficantes».

Una de las cuestiones más controvertidas de la reforma del Gobierno en los últimos días viene siendo la posibilidad de que se establezcan centros fuera de las Islas Británicas donde permanezcan los solicitantes de asilo mientras se tramitan sus peticiones. En los medios locales han aparecido opciones de lo más variadas, sacadas de documentos las discusiones internas sobre la media. Una de ellas es un acuerdo con Dinamarca para utilizar conjuntamente un centro en Ruanda , después de que el país haya aprobado ya una ley en ese sentido. En el Reino Unido también se ha barajado para este fin instalar esos centros en lugares como Gibraltar o la isla de Man , algo a lo que se oponían en estos territorios. Así mismo, entre las opciones surgieron la isla Ascensión –un pedazo de tierra volcánica en mitad del Atlántico sur–, ferris en desuso y hasta plataformas petrolíferas abandonadas, si bien quedaron descartadas.

Ese modelo de llevar a los solicitantes de asilo fuera del país lo aplica Australia , que impide que entren dentro de sus fronteras y los deriva a centros en sitios como Papúa-Nueva Guinea .

En cuanto a las nuevas sanciones, el proyecto de ley presentado este martes considera un nuevo delito entrar en el Reino Unido sin permiso, con una pena de cuatro años de cárcel (ahora son seis meses). También impone cadena perpetua a los traficantes y sube hasta cinco años las condenas a los delincuentes deportados que regresen al país (ahora seis meses).

Además, Priti Patel deja en sus manos, o la de los ministros del Interior que la sucedan, la potestad de suspender o retrasar la tramitación de solicitudes de visado de aquellos países que no cooperen con el gobierno británico a la hora de aceptar de vuelta a solicitantes de asilo a los que el Reino Unido haya rechazado la petición o a delincuentes expulsados».

Así mismo, la ministra del Interior se reserva la capacidad de imponer una subida de tasas en las solicitudes de visado si los países no cooperan.

Entre otros datos para avalar la necesidad de esta reforma, el Gobierno británico esgrime que las solicitudes de asilo aumentaron un 21% en 2019 hasta alcanzar casi los 36.000 y que al menos 16.000 personas entraron de forma ilegal en el Reino Unido en 2020, mientras que el número de aquellos sin derecho a estar en el país que han sido expulsados ha ido cayendo desde hace años debido a problemas legales.

La oposición laborista y organizaciones humanitarias se han mostrado en contra de la reforma, por entencer que es cruel y criminaliza a quienes salen de su país de origen en busca de una vida mejor.